Operativo en Salta por una serie de estafas laborales en minería.
Una pareja fue detenida en la provincia de Salta acusada de encabezar una maniobra de estafas masivas mediante falsas ofertas de trabajo vinculadas a proyectos mineros. La investigación, a cargo de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), permitió desarticular una estructura que habría engañado a decenas de personas con la promesa de empleos bien remunerados en el sector.
El caso se inició el 27 de febrero, cuando se radicó la primera denuncia. A partir de allí, comenzaron a acumularse presentaciones hasta alcanzar, al menos, 31 víctimas que relataron un patrón similar: eran contactadas con propuestas laborales en minería y se les exigía el pago de sumas de dinero para distintos supuestos trámites administrativos y estudios preocupacionales.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta, la mujer detenida se presentaba como profesional del área técnica, usando títulos y credenciales que no pudo acreditar. Ofrecía participación en obras ligadas a empresas mineras y se mostraba como parte de una estructura empresaria sólida, con proyectos en ejecución y futuras contrataciones.
Empresas sin respaldo y maniobras para simular legalidad
Durante la pesquisa se identificó que la principal sospechosa impulsaba la creación de distintas estructuras comerciales sin registración formal. Entre ellas figuran Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, nombres utilizados para convocar personal, emitir documentación y reforzar la apariencia de una operatoria legítima en el rubro minero.
Los investigadores establecieron que, a través de estas firmas, se contactaba a profesionales y operarios —ingenieros, topógrafos y trabajadores de campo— bajo la promesa de ser incorporados a obras que supuestamente estaban asociadas a compañías del sector. En algunos casos, las expectativas eran tan altas que varias de las víctimas renunciaron a sus empleos formales confiando en que ingresarían pronto a estos proyectos.
La estafa se completaba con la exigencia de depósitos o transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo. Según la hipótesis fiscal, este mecanismo tenía por objetivo entorpecer la trazabilidad del dinero y dificultar su recuperación. Paralelamente, se utilizaban redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web asociado a Rimay Group S.R.L. para difundir convocatorias, publicar supuestos llamados laborales y reforzar la apariencia de seriedad empresarial.
Allanamientos, cuentas inmovilizadas y alerta a posibles víctimas
Con estos elementos, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a la pareja investigada. En los procedimientos se concretaron las detenciones y se secuestró documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, que ahora serán peritados.
La investigación también permitió determinar que varias de las sociedades mencionadas carecían de inscripción formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva. Además, la principal sospechosa habría replicado maniobras similares en otras jurisdicciones del país, por lo que no se descarta que surjan nuevas denuncias.
Como medida preventiva, la fiscalía requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias asociadas al grupo, con el objetivo de frenar posibles movimientos de fondos y preservar activos que puedan destinarse, eventualmente, a la reparación de las víctimas. Las autoridades recomiendan a quienes hayan sido contactados por estas empresas fantasma o hayan realizado pagos en concepto de trámites laborales que se presenten ante la justicia o el Ministerio Público Fiscal para radicar la denuncia correspondiente.
