El auxiliar fiscal federal de La Rioja, Martín Román Apóstolo fue detenido acusado de haber pedido dinero a narcos para sacarlos de la cárcel y beneficiarlos con arresto domiciliario.
Algunas de las pruebas para concretar la detención del fiscal, según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, fueron las escuchas telefónicas en donde él era apodado “el padrino”.
A “el padrino”, lo venía investigando la PROCUNAR, la Procuraduría de Narcocriminalidad, que dirige Diego Iglesias. Además de las escuchas telefónicas se juntó prueba testimonial con la declaración de las personas a las que aquel les pedía dinero.
Uno de los narcos estaba preso y entre enero del 2022 y marzo de éste año tras haber pagado 600 mil pesos obtuvo el arresto domiciliario no sólo él sino también su pareja, ambos detenidos por hechos de narcotráfico.
Durante ese año, se pudo recolectar para la causa algunas de las escuchas así como mensajes que se cruzaban entre el narco y el auxiliar fiscal, vinculado a la posibilidad de conseguir el arresto domiciliario.
También otro hecho que se pudo comprobar en la investigación es otro pago por 1,5 millones de pesos que reclamó a otro narco para conseguirle la domiciliaria. Con ese fin, el fiscal hizo lobby ante el juez federal de La Rioja Rubén Herrera Piedrabuena para que el procesamiento que le había impuesto sea sin esa medida restrictiva.
“Hola doc ¿Cómo está? ¿Lo pudiste presentar al escrito ese? Yo voy a ver si igual puede salir el pro sin preventiva como está dictaminado”, fue el mensaje que le envió el fiscal al abogado de ese narco.
“Vos sabes que la libertad no tiene precio, mirá el culiado me ha cobrado un millón y medio y me la puesto…”, fue un mensaje que envió el detenido a un contacto.
Luego de la prisión preventiva solicitada por el fiscal Diego Iglesias, el juzgado federal de La Rioja lo procesó por tráfico de influencias, prevaricado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juzgado impuso la domiciliaria al mismo tiempo que trabó un embargo de 5 millones de pesos sobre el funcionario judicial.