Imputan a funcionaria vinculada a Kicillof por presunta estafa millonaria
NewsITe
Una funcionaria vinculada al Gobierno de la provincia de Buenos Aires fue detenida en las últimas horas, acusada de integrar una organización dedicada a maniobras de estafa y lavado de activos que habrían movido, según la investigación judicial, alrededor de $27.000 millones. El caso pone bajo la lupa el uso de datos biométricos y la apertura fraudulenta de cuentas en billeteras virtuales.
La detenida fue identificada como Albertina Mangini, abogada que se desempeñaba en el Patronato de Liberados y formaba parte de la estructura de la Procuración General bonaerense. La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, la imputó por asociación ilícita, defraudación mediante utilización indebida de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por la habitualidad de la maniobra y su condición de funcionaria pública.
De acuerdo con la pesquisa, la red delictiva habría utilizado identidades de personas que habían sufrido robos de documentación para registrar cuentas en distintas billeteras virtuales. A través de esos perfiles se habrían canalizado fondos vinculados al juego clandestino, con el objetivo de blanquear el origen del dinero y darle apariencia de legalidad dentro del sistema financiero digital.
En el marco de la causa también fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Los procedimientos incluyeron allanamientos en domicilios de La Plata, Córdoba y otras localidades, donde se secuestraron millones de pesos en efectivo y un vehículo BMW, entre otros elementos de interés para la causa.
Alcance de la investigación y vínculos con el circuito financiero
Fuentes judiciales indicaron que el expediente no sólo se centra en la maniobra con billeteras virtuales, sino que también rastrea posibles conexiones con el circuito financiero informal y el mundo del fútbol. Uno de los implicados figura mencionado en otra investigación sobre una financiera ligada al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo que podría abrir nuevas líneas de análisis sobre el flujo de fondos.
La Justicia ahora trabaja en el análisis de la documentación incautada, los movimientos de las cuentas virtuales y el cruce de datos biométricos para reconstruir el recorrido del dinero. El objetivo es determinar el rol preciso de cada uno de los sospechosos y establecer si existieron más funcionarios o intermediarios involucrados en la estructura investigada.
- Mangini y Perrota se negaron a declarar ante la fiscalía durante la indagatoria.
- Marchioni sostuvo que se dedicaba al “corretaje y las inversiones” y buscó desvincularse de la operatoria delictiva.
La causa apunta a desarticular una red que, según estimaciones preliminares, habría movido unos $27.000 millones mediante billeteras virtuales asociadas a identidades robadas.
En las próximas semanas se espera que los peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de las plataformas digitales y documentación secuestrada aporten más claridad sobre el funcionamiento de la organización. La evolución de la causa será clave para definir eventuales nuevas detenciones y responsabilidades dentro y fuera del ámbito estatal.
