Peritos oficiales bajo investigación por exacciones agravadas
NewsITe
Dos peritos oficiales de la Justicia de Córdoba fueron detenidas en las últimas horas, acusadas de exigir una suma millonaria a un condenado por homicidio a cambio de la elaboración de un dictamen favorable. El caso encendió alarmas en el fuero penal cordobés y abrió una investigación por presuntas maniobras de corrupción dentro del equipo técnico oficial.
De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Instrucción y Fuero Múltiple de Río Segundo dispuso la imputación y detención de la psicóloga Marcia Mariel Lupi y de la asistente social Silvia Patricia Romero. Ambas fueron señaladas como presuntas autoras del delito de exacciones ilegales agravadas, una figura que castiga el cobro indebido de sumas de dinero aprovechando un cargo público o una función vinculada a la administración de Justicia.
La investigación se inició a partir de la denuncia de un abogado defensor, quien acudió a la fiscalía para advertir que su cliente —condenado por homicidio— habría sido presionado para entregar $2.700.000. A cambio, según el testimonio del letrado, las peritos ofrecían confeccionar un informe técnico que pudiera incidir en el sentido de una resolución judicial favorable a los intereses del detenido.
Tras la recepción de la denuncia, la Fiscalía coordinó acciones con personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa (DIO), lo que permitió desplegar tareas de seguimiento, análisis de comunicaciones y otras diligencias reservadas. Según fuentes judiciales, ese trabajo derivó en la recolección de “caudalosa e importante evidencia”, suficiente para avanzar con la aprehensión de las sospechosas.
Operativo en estación de servicio y secuestro de celulares
La detención de Lupi y Romero se concretó en una estación de servicio de la zona, en un operativo que buscó preservar pruebas y registrar posibles movimientos vinculados al pago exigido. En ese contexto, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de ambas imputadas, dispositivos que ahora serán peritados para reconstruir el intercambio de mensajes y llamados que pudieran respaldar la hipótesis fiscal.
Tras los trámites procesales de rigor, la Justicia ordenó el alojamiento de las dos mujeres en el establecimiento penitenciario correspondiente, mientras se avanza con nuevas medidas de prueba. En paralelo, la causa podría derivar en actuaciones administrativas internas para determinar si hubo otros episodios similares o irregularidades previas dentro del equipo técnico interviniente en la jurisdicción de Río Segundo.
- Las imputadas se desempeñaban como peritos oficiales del equipo técnico local.
- Se analiza si existieron otros pedidos de dinero a detenidos o familiares.
- Los investigadores consideran clave el contenido de los celulares secuestrados.
“La investigación continúa y no se descarta la ampliación de la imputación”, señalaron fuentes judiciales, que admiten que el caso podría derivar en nuevas acusaciones si surgen más damnificados o maniobras similares.
El expediente permanece en etapa de instrucción y, por el momento, se mantiene la reserva sobre la identidad del condenado que habría sido víctima del pedido de coima. No obstante, en tribunales cordobeses reconocen que el caso genera preocupación por el impacto institucional y la confianza pública en los peritajes oficiales, una pieza clave en la toma de decisiones judiciales en causas penales graves como la de un homicidio.
