El secretario de Malvinas, Andrés Dachary, cuestionó la continuidad del convenio entre Argentina y el Reino Unido en medio de los reclamos por la soberanía del archipiélago. El tratado contempla que las inversiones realizadas durante su vigencia mantengan protección durante 15 años después de su finalización.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso nacional que derogue la Ley 24.184. Se trata de la normativa que aprobó el convenio de promoción y protección de inversiones entre Argentina y el Reino Unido. El funcionario sostuvo que mantener ese acuerdo contradice los intereses argentinos en la disputa por la soberanía de las islas.
Dachary difundió el planteo el lunes por la noche en su cuenta de X. Allí dirigió el reclamo al Senado y a la Cámara de Diputados. “Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio”, expresó.
Además, calificó la derogación como una “medida fundamental” para la política exterior argentina. En este sentido, precisó el destinatario de su cuestionamiento. “Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas #Malvinas”, escribió, y agregó: “Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución”.
Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido ). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas #Malvinas.
— Andrés Dachary (@ADachary) September 7, 2026
Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de "nación más…
Qué establece el convenio de inversiones
Argentina y el Reino Unido firmaron el convenio en Londres el 11 de diciembre de 1990. El Congreso lo aprobó el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. Sus 14 artículos establecen garantías para las inversiones de ambas partes, entre ellas un trato no menos favorable que el otorgado a inversores nacionales o de terceros países.
El artículo 3 contiene el principio de “nación más favorecida” que cuestionó Dachary. Esa disposición comprende tanto las inversiones y sus ganancias como las condiciones para su gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación.
Asimismo, el acuerdo contempla la libre transferencia de ganancias, protección frente a expropiaciones sin compensación y mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas. Sin embargo, prevé que las inversiones realizadas durante su vigencia conserven sus garantías durante 15 años adicionales en caso de denuncia del tratado.
El convenio formó parte del acercamiento bilateral posterior a los Acuerdos de Madrid I y II, suscriptos entre octubre de 1989 y febrero de 1990. Ese proceso permitió restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países después de la Guerra de Malvinas de 1982.
El reclamo se suma a las medidas por la explotación de recursos
La propuesta fueguina llegó después de que Javier Milei anunciara un incremento del presupuesto de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. En esa misma intervención, el Presidente comunicó un endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.
Por otra parte, horas antes del mensaje de Dachary, el Gobierno nacional anunció que presentaría una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas. El Ejecutivo fundamentó la decisión en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona esas actividades cuando no cuentan con autorización del Estado argentino.
