Un operativo judicial reveló la existencia de negocios clandestinos, servicios pagos y presuntas estafas desde el interior de la Unidad Penal N°9.
Un operativo judicial realizado en la Unidad Penal N°9 de La Plata desarticuló un sector conocido como “pabellón VIP”, donde las autoridades detectaron un sistema de privilegios, negocios clandestinos y tenencia de elementos prohibidos entre los internos.
El procedimiento estuvo encabezado por la fiscal Virginia Bravo y autorizado por la jueza Marcela Garmendia. Durante la intervención, agentes judiciales, personal de la DDI local y Policía Científica recorrieron celda por celda y secuestraron una gran cantidad de objetos no permitidos dentro del penal.
Según el acta de registro, el operativo se llevó a cabo en un pabellón donde se alojan exmiembros de fuerzas de seguridad. El sector cuenta con 54 celdas distribuidas en dos niveles, además de espacios como gimnasio, biblioteca, duchas, cocina, peluquería y depósitos. En total, se requisaron las pertenencias de 97 internos.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron más de 60 teléfonos celulares, notebooks, computadoras personales, routers, discos de almacenamiento, memorias externas y consolas de videojuegos, entre ellas varias PlayStation.
También retiraron heladeras, freezers con alimentos, cigarrillos y otros productos que, según la investigación, se utilizaban para la comercialización interna dentro del pabellón.
Negocios internos, cobros y funcionamiento clandestino
La causa se inició a partir de una denuncia que describe la existencia de negocios clandestinos y cobros por distintos servicios dentro del pabellón. Según ese documento, en el sector funcionaban una rotisería y una repostería que ofrecían pizzas a $17.000, sándwiches de milanesa a $15.000 y tortas a $9.000.
De acuerdo a la denuncia, los productos se pagaban en efectivo o mediante billeteras virtuales. Los insumos utilizados provenían del propio penal, incluyendo carne, pollo, harina y aceite, que eran almacenados en freezers bajo llave.
El escrito también señala la venta de cigarrillos a $3.000 por paquete, con comercialización diaria hacia internos de otros pabellones. Además, se detectó el funcionamiento de una peluquería donde los cortes de cabello se cobraban a $4.000 o a cambio de tres paquetes de cigarrillos.
Según la presentación judicial, para permanecer en el pabellón y evitar traslados a sectores comunes, los internos debían abonar una cuota mensual equivalente a dos paquetes de cigarrillos. En tanto, el acceso al gimnasio requería el pago de tres paquetes mensuales adicionales.
El uso del salón de usos múltiples también implicaba un costo. En ese caso, las familias de los detenidos entregaban dinero, alimentos o productos de limpieza como forma de pago, según lo detallado en la denuncia.
Sospechas de estafas y antecedentes recientes en la misma unidad
Entre las irregularidades denunciadas, la investigación menciona el uso de teléfonos y routers para montar un presunto “call center” destinado a estafas electrónicas. De acuerdo a la información, algunos internos ofrecían acceso a la red wifi a cambio de pagos mensuales en efectivo.
Este esquema habría facilitado la realización de maniobras de fraude digital desde el interior del penal, utilizando dispositivos tecnológicos cuya tenencia está prohibida dentro de las unidades penitenciarias.
El caso continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales. La situación expuesta generó interrogantes sobre los controles y el funcionamiento interno del sistema penitenciario bonaerense.
En febrero de este año, un episodio en la misma unidad penitenciaria ya había generado cuestionamientos. En ese momento, se difundió un video que mostraba la celda de Hugo Isaias Castillo San Martín, conocido como “Huguito”, acusado de liderar “La Banda del Millón”.
Las imágenes exhibían un televisor inteligente, parlante, luces LED y marihuana dentro del espacio de detención. El joven, de 20 años, permanecía detenido desde noviembre de 2025 tras ser capturado luego de permanecer prófugo.
Según la investigación, Castillo San Martín había continuado coordinando delitos desde la cárcel mediante el uso de redes sociales, manteniendo contacto con su organización delictiva desde el interior del penal.
