La norma fue presentada en 2011 para “proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra”. Y en 2016 fue modificada.
En los puntos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se conocieron este miércoles por cadena nacional, se da de baja a la ley de tierras, que establece, entre otros puntos, la protección a tierras rurales estableciendo un límite a la compra de las mismas por parte de personas extranjeras. Según el argumento del presidente es para “promover inversiones”.
Este ley se promulgó el 28 de diciembre de 2011, tras ser aprobada en la Cámara baja por 153 votos afirmativos, 26 en contra y una abstención. La mayoría de los votos en contra llegaron desde el radicalismo, mientras que los integrantes del PRO estuvieron ausentes.
El objetivo de la misma fue solucionar una problemática que el país sufre desde hace años: la apropiación descontrolada de tierras de dominio nacional por magnates internacionales. Es por esto que, desde hace más de 10 años, su implementación genera una fuerte pica en los sectores de alto poder.
Las Tierras Rurales que contempla la Ley son “todas las que están fuera de las zonas urbanas, sin que importe el destino que se les da”.
Esto estableció que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. Además fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias.
A su vez, se determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial, a través de la compraventa de acciones vía testaferros: es decir, que partir de la ley, el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación.
Por la Ley se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a fin de saldar el profundo déficit de información sobre la posesión de terrenos.