Grupos de trabajadoras y gremios denunciaron públicamente un “recorte en las políticas públicas de género” tras la no renovación de contratos en la línea nacional 137 de asistencia por violencia familiar y sexual, en áreas de la Ciudad de Buenos Aires como la línea 144 o el Hogar Eva Duarte destinado a madres jóvenes embarazadas, y en el ámbito de géneros de la provincia de Santa Fe.
“Estamos atravesando en el programa una situación compleja con los despidos de siete compañeras a quienes no les renovaron el contrato al finalizar 2023”, notó la psicóloga Laura Boggon, trabajadora de la línea 137 desde hace 14 años, en diálogo con la agencia Télam. El resto de profesionales que trabajan en la línea se encuentran “con un contrato a 90 días, sujeto a revisión”, agregó, y lamentó: “Nos preocupa que esta política pueda no continuar”. La línea 137 brinda “contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming” las 24 horas, los 365 días del año, con un equipo de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Línea 137
El motivo de la no renovación de los siete contratos se basó en el decreto 84/2023, que establece que toda modalidad de contratación del sector público que concluya el 31 de diciembre de 2023 y haya iniciado a partir del 1° de enero de ese año no será renovada.
Sin embargo, Boggon detalló que “estos contratos de las compañeras no eran nuevos, sino que habían quedado vacantes de personas que han trabajado en el programa y a lo largo de los años se han ido por diversas situaciones”.
“Hoy, debido a los despidos de las compañeras, realmente se ve muy complicado el poder sostener ese dispositivo de intervención dado que en la actualidad somos 54 profesionales”, sostuvo la psicóloga, aunque reconoció que “la suma de 61 profesionales tampoco alcanza para responder a la demanda que hay”.
“No hay ahorro en este ajuste porque el costo es mínimo, hay violencia”, expresó a la agencia Clarisa Gambera, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional.
Línea 144, Hogar y Refugio
Según la información suministrada a Télam por trabajadoras de distintas áreas se dieron tres bajas de contratos en la línea 144 que brinda atención a víctimas de violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires, dos en el Hogar Eva Duarte, tres en el refugio Mariquita Sánchez destinado a mujeres que están atravesando una situación de violencia de alto riesgo, dos en el subprograma de Asistencia a varones que han ejercido violencia y cinco en distintos Centros Integrales de la Mujer (CIM).
Durante 2022, los equipos de la línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires atendieron 44.059 llamados, además de otras cinco mil consultas por el chat BOTI.
“La línea (144) está a disposición las 24 horas, los 365 días del año para todo el territorio de CABA, con una cantidad aproximada de 30 trabajadoras en total. En este sentido, con las bajas que se dieron en diciembre se evidencia un recorte del 10% del recurso humano”, precisan.
Además, advirtieron que los recortes tienen “un impacto en la salud integral de las trabajadoras que quedaron en la línea”, en relación con la “sobrecarga tanto física como mental, quedando comprometidos sus derechos laborales” ya que “al estar el servicio en su mínima capacidad para sostenerlo, no hay posibilidades, casi, de enfermarse”.
Santa Fe
Por otra parte, las y los trabajadores de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad (ex Ministerio) de Santa Fe alertaron a través de un comunicado sobre “las decisiones de ajuste sobre las políticas de género que la gestión actual de gobierno”.
“Hemos tomado conocimiento de que las 24 personas que integramos los equipos ley Micaela y Masculinidades por la Igualdad de la actual Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, tras una reunión, se nos ha expresado de manera informal que debemos dejar de concurrir al lugar de trabajo”, compartieron.
En relación con las políticas de género, el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación bajó su rango a Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dentro del Ministerio de Capital Humano, mientras no se renovó el programa Registradas, que promovía la incorporación formal al mercado laboral de las trabajadoras de casas particulares.
