Magioncalda apunta a un paso omitido en el control anticorrupción
NewsITe
El abogado José Lucas Magioncalda, impulsor de la denuncia conocida en redes como “Sturzegate”, puso bajo la lupa la contratación de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 y reclamó la nulidad del contrato al considerar que se habría omitido un requisito central de transparencia: la publicación del expediente en la página web de la Oficina Anticorrupción (OA).
De acuerdo con el letrado, el artículo 4°, inciso b, del Decreto 202/2017 obliga a otorgar “publicidad total” a este tipo de actos administrativos, tanto en el sitio del organismo contratante como en el de la OA. Según trascendió en ámbitos oficiales, esa instancia de difusión en la web del organismo anticorrupción no se habría concretado, lo que, a criterio del denunciante, podría derivar en la nulidad del procedimiento.
En declaraciones al canal La Nación +, Magioncalda sostuvo que la publicación en la OA es “central” dentro del esquema de prevención de conflictos de interés previsto por la normativa vigente. En ese marco, remarcó que el eventual incumplimiento del deber de publicidad afectaría la validez del contrato adjudicado a la AACI, una entidad dedicada a la enseñanza y difusión del idioma inglés con larga trayectoria en el país.
La adjudicación quedó formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, correspondiente a una Adjudicación Simple por Especialidad. A partir de la Declaración Jurada de Intereses, Cancillería dejó constancia de la existencia de un “vínculo positivo” entre María Josefina Rouillet, mencionada como directiva de la AACI, y el ministro Federico Sturzenegger.
Los argumentos del Gobierno y el alcance de la denuncia
De acuerdo con el relato de Magioncalda, el Gobierno habría respondido sobre dos ejes principales: por un lado, que ya existía una contratación previa con la misma institución durante 2024; por otro, que Rouillet no sería dueña sino empleada de la asociación. Pese a ello, el denunciante consideró que el vínculo declarado activó el protocolo de control de intereses previsto por el Decreto 202/2017 y que, por lo tanto, debía cumplirse estrictamente cada una de sus exigencias formales.
En paralelo, se presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si, además de la supuesta falta de publicación en la OA, se cumplieron las actualizaciones de declaraciones juradas y el adecuado encuadre del vínculo entre las partes durante 2024, año en el que Sturzenegger asumió su cargo a mitad de ciclo. La investigación buscará establecer si hubo irregularidades administrativas o penales en el proceso licitatorio y en el manejo de los potenciales conflictos de interés.
- El decreto 202/2017 obliga a dar publicidad completa a los expedientes en la OA.
- La denuncia apunta a una contratación por más de $114 millones con la AACI.
- La Justicia deberá evaluar si la supuesta omisión torna nulo el contrato.
“La difusión en la página de la Oficina Anticorrupción es un requisito central y su omisión vuelve nulo el contrato”, sostuvo José Lucas Magioncalda en declaraciones televisivas.
Mientras se aguardan definiciones judiciales y eventuales respuestas formales de la Cancillería y de la OA, el caso reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control en las contrataciones del Estado nacional, en especial cuando se detectan vínculos previos entre funcionarios y entidades beneficiarias.
