Fiscal federal investiga la concesión del estadio marplatense
NewsITe
La concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y otros espacios del Parque Municipal de los Deportes de Mar del Plata quedó bajo la lupa de la Justicia federal. Una denuncia presentada por el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, abrió una causa para investigar presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación a la firma Minella Stadium S.A.
De acuerdo con la información recabada, el foco de la presentación está puesto en la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El eje central del planteo apunta a la forma en que se habría entregado a un privado un patrimonio deportivo clave para la ciudad, así como a la solvencia económica del concesionario, el origen de los fondos y el cumplimiento efectivo de las obras comprometidas.
La controversia impacta de lleno en la gestión del intendente Guillermo Montenegro, ya que la concesión fue autorizada en 2025 por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon y adjudicada a una única empresa oferente. Minella Stadium S.A. se había comprometido a realizar una inversión cercana a los 40 millones de dólares durante los 30 años de explotación previstos en el contrato, lo que implicaba un ambicioso plan de remodelación y mantenimiento de la infraestructura deportiva.
Sin embargo, el proceso pronto comenzó a generar cuestionamientos políticos y sociales. Distintos sectores reclamaron mayor transparencia en la documentación, pidieron acceso al contrato definitivo y advirtieron sobre la necesidad de garantizar que el complejo deportivo siga cumpliendo un rol social, con acceso para clubes barriales, ligas amateurs y actividades formativas.
Vínculos con investigaciones financieras y pedidos de informes
La denuncia presentada por Pettigiani también hace referencia a interrogantes en torno al grupo inversor extranjero que respalda al consorcio adjudicatario. En ese marco, se mencionan posibles conexiones con investigaciones financieras en Brasil y con expedientes vinculados al presunto lavado de activos en el fútbol argentino, un terreno sobre el que ya existen antecedentes judiciales y sospechas de uso de estructuras deportivas como vehículos para mover fondos de origen dudoso.
- Se investigará el origen y la trazabilidad de las inversiones comprometidas.
- El municipio deberá aportar el contrato, anexos y documentación respaldatoria.
- Se analizará el eventual impacto económico y social de la concesión a largo plazo.
En el expediente ya se ordenaron pedidos de informes al municipio de General Pueyrredon, medidas de prueba y la remisión de documentación sobre todo el proceso de licitación y adjudicación. Los investigadores buscarán determinar si se respetaron los procedimientos administrativos, si hubo control adecuado de la solvencia del concesionario y si el esquema de inversión propuesto es consistente con la realidad económica de la firma.
Fuentes judiciales señalan que la causa podría derivar en responsabilidades penales para funcionarios municipales y representantes de la empresa, en caso de comprobarse irregularidades graves en la concesión del paquete deportivo.
Mientras tanto, la polémica crece en Mar del Plata y se anticipa que el debate llegará al Concejo Deliberante, donde la oposición ya reclama explicaciones y advierte sobre la necesidad de preservar el patrimonio público. El futuro del Minella y del Parque Municipal de los Deportes quedará atado, en buena medida, a lo que determine la Justicia en los próximos meses.
