Presentan denuncia por la ausencia de Villarruel en el Tedeum
NewsITe
El Gobierno nacional quedó bajo la mira de la Justicia federal a partir de una denuncia presentada por el abogado Ignacio Baños, quien pidió que se investigue si la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el tradicional Tedeum del 25 de Mayo constituyó un “abuso de autoridad” y un posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El planteo apunta a determinar si hubo una decisión funcional deliberada para excluirla de un acto patrio de carácter oficial y protocolar.
Baños, que actúa en su carácter de ciudadano y ejerce su propio patrocinio, sostuvo en el escrito que no pretende atribuir de antemano una responsabilidad penal concreta, sino poner en conocimiento de la Justicia “circunstancias de público y notorio conocimiento” difundidas por medios nacionales, que a su entender justifican la apertura de una investigación seria y exhaustiva sobre el accionar de la gestión de Javier Milei.
En la denuncia, el letrado enmarca el episodio como un posible caso de “violencia institucional y discriminatoria” contra una mujer que ocupa una de las más altas magistraturas del Estado argentino. En esa línea, plantea que corresponde determinar si la exclusión de Villarruel del Tedeum violó la normativa de ceremonial y protocolo, implicó una omisión de deberes propios del cargo o respondió a una práctica de hostigamiento institucional hacia la vicepresidenta.
Funcionarios y áreas bajo la lupa judicial
El pedido de investigación alcanza a diversas dependencias de la Casa Rosada. Baños solicitó que se analice el rol de la Secretaría General de la Presidencia y de las áreas de Ceremonial y Protocolo, así como de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, Casa Militar y “cualquier otro organismo o funcionario” que hubiera intervenido directa o indirectamente en la organización del acto del 25 de Mayo.
De esta manera, el expediente podría abarcar tanto a los responsables políticos como a los cuadros técnicos y administrativos que tuvieron participación en la definición de la lista de invitados y en la coordinación del Tedeum. La hipótesis del denunciante es que la falta de invitación a Villarruel no fue un simple olvido, sino una decisión que podría tener consecuencias penales en caso de comprobarse un accionar arbitrario.
- Se apunta a determinar si hubo abuso de autoridad o incumplimiento de deberes.
- La denuncia menciona posibles prácticas de violencia institucional y discriminación de género.
- Se pone bajo análisis a áreas clave de la estructura presidencial y de protocolo.
“Corresponde determinar si la eventual exclusión de la Vicepresidenta de la Nación de un acto patrio, oficial y protocolar, pudo obedecer a una decisión funcional contraria a la normativa de ceremonial, a una omisión de deberes propios del cargo, o a una práctica de violencia institucional y/o discriminatoria contra una mujer que ejerce una de las más altas magistraturas del Estado argentino”, sostuvo el abogado Ignacio Baños en su presentación.
Baños también reclamó que el hecho se investigue con “perspectiva institucional y de género”, en línea con lo establecido por la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En ese marco, pidió que se determine la eventual responsabilidad penal de los funcionarios o agentes públicos “que hubieren intervenido, ordenado, consentido u omitido los actos funcionales pertinentes”. Ahora será la Justicia federal la que defina los pasos a seguir y si abre una causa formal para indagar la actuación del Gobierno en torno al Tedeum del 25 de Mayo.
