Presentan denuncia penal por un contrato de Cancillería
NewsITe
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de una denuncia penal presentada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, a raíz de un contrato por más de 114 millones de pesos adjudicado por la Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad en la que ocupa un rol directivo su esposa, María Josefina Rouillet.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes se identificaron como integrantes de RESET REPUBLICANO, una agrupación política que se define como de centro republicano y enfocada en la lucha contra la corrupción. De acuerdo con la constancia de ingreso, el escrito —titulado “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”— fue remitido el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara.
Los letrados ponen el foco en la presunta omisión de cumplir con lo dispuesto por el Decreto 202/2017, que exige la publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA) de determinadas actuaciones vinculadas a conflictos de interés. Según sostienen, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA” no hallaron, al 15 de febrero de 2026, registros sobre la recepción y tratamiento de la declaración jurada de intereses correspondiente a este caso.
El contrato por 114 millones y el vínculo con la AACI
La denuncia menciona la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE), firmada el 19 de enero de 2026 por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior. A través de esa resolución se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por un monto de $114.044.133, con opción de prórroga, para garantizar la continuidad de los cursos de inglés destinados al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
En la propia disposición se habría dejado constancia de que, de la declaración jurada de intereses, surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, esto es, la existencia de un lazo familiar directo entre una autoridad política y una directiva de la entidad contratada. A partir de esa circunstancia, se activaron los mecanismos previstos en el artículo 4° del decreto, que incluyen la comunicación del caso a la OA y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la sugerencia de suscribir un Pacto de Integridad y la obligación de publicar las actuaciones en el sitio web del ministerio.
Posibles delitos y antecedentes del caso
Para los denunciantes, la supuesta falta de publicación en los registros de la OA vulneraría un requisito central de transparencia en materia de conflictos de interés. En el capítulo jurídico del escrito, los hechos son encuadrados en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265).
- Presunta omisión de publicar la actuación en la web de la Oficina Anticorrupción.
- Vínculo familiar entre el ministro Sturzenegger y una directiva de la entidad adjudicataria.
- Adjudicación por $114.044.133 para la capacitación en inglés del personal de Cancillería.
- Activación formal del procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017.
El escrito también recuerda que el tema tomó estado público luego de una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas, que reveló los detalles de la contratación y el rol de Rouillet en la AACI. Tras esa publicación, el canciller Pablo Quirno defendió el procedimiento, negó cualquier irregularidad y afirmó que la Cancillería contrata a la asociación “desde 2018”, remarcando que, justamente por el vínculo familiar, se habría seguido el protocolo con intervención de la OA y la SIGEN.
Además, la denuncia incorpora un posible antecedente: sostiene que en 2024 habría existido otro contrato entre “idénticos contratantes” y reclama que se investigue si correspondía actualizar la declaración jurada de intereses en los plazos fijados por la normativa, así como verificar si esa actualización fue debidamente informada y publicada en los canales oficiales.
La presentación subraya que la transparencia en la gestión de los conflictos de interés constituye un requisito “clave” para la confianza ciudadana en las instituciones y exige determinar si se cumplieron, o no, todos los pasos que el decreto impone a los funcionarios involucrados.
Ahora será la Justicia federal la que deberá resolver qué juzgado interviene por sorteo, analizar el contenido de la denuncia, requerir informes a los organismos mencionados y, en función de la prueba que se produzca, definir si abre una investigación formal sobre Sturzenegger, su entorno y los funcionarios involucrados en el proceso de contratación.
