Grave denuncia por narconegocios y extorsión en la Unidad 31
NewsITe
Un grupo de internos de la Unidad Penal N° 31 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presentó una durísima denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes. El escrito, formulado como hábeas corpus colectivo, apunta contra ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas alojados en el Pabellón 1, así como contra autoridades del penal, por presuntos hechos de narcotráfico intramuros, extorsión, reducción a la servidumbre, torturas y tratos degradantes.
Según la presentación, a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en ese sector operaría una organización conocida como “La Comitiva” o “Los Limpiezas y Mantenimiento”, que habría montado un verdadero “co-gobierno mafioso” dentro del pabellón. Los denunciantes hablan de un “quiebre absoluto de la legalidad institucional” y reclaman que la investigación quede en manos de una fuerza federal, como Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina, además del allanamiento urgente de oficinas y el secuestro de teléfonos y documentación.
Entre los acusados figuran 16 reclusos ex integrantes de distintas fuerzas de seguridad y cinco funcionarios del SPB. Los internos identificados tendrían roles diferenciados: desde un presunto líder y recaudador hasta regenteadores y pasamanos de drogas, nexos con las autoridades carcelarias y responsables de falsificar traslados y de confiscar mercadería enviada por las familias de otros detenidos.
Llaves, traslados truchos y control del pabellón
Uno de los ejes de la denuncia es lo que se describe como “privatización de la seguridad y el control de candados”. De acuerdo con el relato, personal penitenciario habría delegado de manera cotidiana y a la vista de jefes de turno la tenencia de las llaves reglamentarias en manos de internos de “La Comitiva”. De ese modo, serían ellos quienes controlan la circulación dentro del pabellón, fijan horarios de encierro y castigan a quienes no responden a sus exigencias económicas.
El texto judicial también apunta a un preso que tendría acceso libre, incluso de noche, a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento del penal. Allí, siempre según la denuncia, este interno encendería las computadoras oficiales, ingresaría a bases de datos confidenciales de todo el sistema penitenciario bonaerense y confeccionaría “avales de traslado” falsos, con firmas y sellos apócrifos. Esos supuestos traslados truchos se usarían para expulsar a presos que se resisten a pagar las cuotas extorsivas o a entregar la mercadería que reciben en las visitas.
Narcotráfico intramuros y negocio del internet
La presentación describe además un esquema de “comercialización, acopio e introducción de estupefacientes” dentro del Pabellón 1. Los denunciantes sostienen que hay registro visual del ingreso irregular de internos de otros sectores, quienes coordinarían con miembros de la banda la distribución y el pasamanos de drogas a gran escala, a la vista del personal penitenciario.
Otro punto sensible es la supuesta “triangulación” de estupefacientes a través del área de Requisa. Un interno que trabaja allí, con libre circulación y sin controles suficientes, habría sido señalado como pieza clave para introducir diariamente cargamentos de drogas que terminarían en manos de la cúpula de “La Comitiva” para su posterior venta fraccionada entre la población carcelaria.
En paralelo, los denunciantes describen un “régimen tarifario clandestino” en torno al acceso a internet. La banda controlaría al menos dos antenas Starlink y exigiría a cada detenido el pago de cuotas fijas —entre 30.000 y 40.000 pesos mensuales— para poder conectarse. Cuando otros internos intentaron ofrecer una alternativa más accesible con una tercera antena, habrían sido objeto de golpizas, amenazas y maniobras para forzar sus traslados.
Monopolio de alimentos, “aduana” de visitas y presunta connivencia
La denuncia también refiere al “monopolio absoluto” en la comercialización de bebidas y alimentos. Se asegura que, con la anuencia de sectores de Requisa, se restringe severamente el ingreso de gaseosas para los presos comunes, mientras se facilita el ingreso de grandes cargamentos destinados a “Los Limpiezas”, que luego revenderían cada botella de primera marca a precios muy por encima del mercado.
En la misma línea, un interno designado en tareas de limpieza del SUM de Visitas habría montado una “aduana ilegal”, exigiendo que los detenidos entreguen parte de los alimentos y productos que les llevan sus familias. Quienes no pueden o no quieren “aportar” serían castigados con la pérdida de turnos de visitas íntimas, sometidos a trabajos forzados o directamente expulsados a golpes del pabellón, siempre de acuerdo con el relato presentado ante la Justicia.
El escrito destaca, además, un presunto circuito de corrupción financiera digital que involucraría transferencias bancarias desde cuentas de internos hacia un ex jefe de la unidad, a cambio de una supuesta “zona liberada” para controlar candados, internet y tráfico de drogas. También se menciona un mecanismo de estafa judicial a través de la escuela del penal, mediante certificados de estudio apócrifos.
Los denunciantes piden que se decrete el secreto de sumario y que la investigación sea asumida por fuerzas federales, ante el “peligro de muerte” que, aseguran, enfrentan quienes se animaron a romper el silencio dentro del penal bonaerense.
Ahora será la Justicia de Quilmes la que deberá evaluar la prueba aportada, determinar el alcance de las responsabilidades penales y establecer si existió, como señalan los internos, una estructura mafiosa enquistada en la Unidad 31, sostenida por la connivencia de sectores del Servicio Penitenciario Bonaerense.
