Interna libertaria en Tucumán por denuncia penal contra dirigentes
NewsITe
Una nueva polémica sacude al espacio libertario en Tucumán luego de que el concejal de Yerba Buena, Dante Mauricio Argiró, presentara una denuncia penal en la Justicia federal contra dos figuras de peso de La Libertad Avanza (LLA): el presidente partidario en la provincia y ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el diputado nacional Federico Pelli.
La presentación apunta a presuntas irregularidades vinculadas al domicilio electoral de ambos dirigentes. Según el escrito judicial, habrían incumplido las exigencias del Código Electoral Nacional al fijar un domicilio que no se correspondería con la residencia efectiva mínima de dos años, requisito indispensable para poder votar y ser candidatos en un distrito determinado.
Argiró, referente opositor en el municipio de Yerba Buena, encuadró la acusación en los delitos de orden electoral, abuso de autoridad y mal desempeño de funcionario público. Además, solicitó que se analice la posible inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos de Catalán y Pelli, lo que tendría un fuerte impacto en el armado libertario tucumano.
Frente al avance de la causa, los denunciados convocaron a una conferencia de prensa en la que rechazaron de plano las imputaciones y las atribuyeron a una maniobra política. En ese marco, apuntaron directamente contra el diputado nacional Mariano Campero, dirigente radical que se integró a la bancada de LLA en el Congreso y mantiene influencia en Yerba Buena.
Acusaciones cruzadas y tensiones internas en LLA
Catalán calificó el episodio como “un ejemplo de cómo funciona esa oposición servil” y vinculó al concejal denunciante con Campero, ex intendente de Yerba Buena. A su juicio, se trata de una ofensiva para disciplinar o desplazar a la conducción orgánica de La Libertad Avanza en la provincia, en un contexto de reacomodamientos internos tras el desembarco de aliados provenientes de otros espacios.
Pelli, por su parte, sostuvo que la denuncia busca “dinamitar a la oposición” local y defendió su residencia en el municipio tucumano. Según expresó, el cuestionamiento sobre el domicilio forma parte de una disputa de poder hacia el interior del espacio libertario, más que de una preocupación genuina por el cumplimiento de la ley electoral.
- La denuncia se tramita en la Justicia federal con competencia electoral en Tucumán.
- Se cuestiona el supuesto incumplimiento del requisito de residencia efectiva por al menos dos años.
- La causa profundiza la tensión entre la conducción de LLA en la provincia y sectores aliados al oficialismo nacional.
“Hace mucho tiempo que vengo sufriendo agravios de todo tipo, y todas las semanas, cuando vengo a Tucumán y tengo que dejar mi familia… estoy acá porque quiero, porque siento la responsabilidad de hacerlo”, expresó Catalán, visiblemente emocionado, en una entrevista televisiva provincial.
El caso se inscribe en una serie de disputas por el control territorial dentro del oficialismo nacional, donde las definiciones sobre liderazgos locales, armado electoral y pertenencias partidarias generan fricciones crecientes. La evolución de la causa penal y las decisiones que adopte la Justicia electoral podrían tener efectos directos en el futuro del espacio libertario en Tucumán y en su correlación de fuerzas a nivel nacional.
