Acusan por contrabando a pesqueras que operan con permisos británicos
NewsITe
Una denuncia penal por presunto contrabando pesquero en el Mar Argentino fue presentada ante la Justicia Federal en lo Penal Económico contra un conjunto de empresas internacionales que operan con licencias otorgadas por autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas. La presentación apunta de lleno al esquema de explotación de recursos pesqueros bajo permisos considerados ilegítimos por tratarse de una potencia ocupante de facto.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, bajo el expediente 1283/2026. La denuncia fue formulada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes acusan a las compañías de extraer riqueza ictícola argentina evadiendo el control de la Aduana nacional.
Según los denunciantes, las denominadas “licencias de pesca” emitidas por las autoridades británicas en Malvinas funcionarían como “verdaderas patentes de corso” que habilitan una explotación intensiva del Mar Argentino sin respetar la legislación local. En sus redes sociales, los letrados calificaron esas habilitaciones como “licencias truchas” y sostuvieron que las empresas “se llevan el patrimonio ictícola de la Nación evadiendo a la aduana argentina”.
Dos ejes centrales: evasión aduanera y maniobras de engaño
La presentación judicial describe dos tipos de conductas presuntamente delictivas. En primer lugar, plantea la evasión del control aduanero, bajo la hipótesis de que las empresas extraerían recursos pesqueros del territorio nacional para luego concretar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directas en el puerto de Puerto Argentino o en terminales de terceros países, omitiendo deliberadamente la fiscalización argentina.
En segundo término, la denuncia hace eje en la clandestinidad y el engaño. Al tratarse de autorizaciones emitidas por una potencia que ocupa de facto parte del territorio nacional, los denunciantes sostienen que las compañías incurren en un ardid destinado a impedir la intervención de la Aduana. De ese modo, siempre según el escrito, se evitaría el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes.
En un mensaje que también tiene lectura política, los abogados de Reset Republicano advirtieron: “Lo que el gobierno no haga, lo haremos nosotros”, en clara alusión a la administración de Javier Milei, a la que reclaman una postura más activa en la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
Empresas señaladas y vínculos con Malvinas
La denuncia ubica en el centro de la escena a firmas de capitales españoles, especialmente de Galicia, que operarían mediante sociedades mixtas con base en Malvinas, amparadas por licencias del Reino Unido. De acuerdo con el escrito, se trataría de un entramado empresarial que combina buques de bandera española y registros locales de las islas para consolidar el negocio pesquero.
- Lanzal, asociada a la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., que opera con el buque Monteferro bajo registro de las Islas Malvinas.
- Grupo Pereira, vinculado a Argos Group Ltd., utiliza las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
- Pescapuerta, asociada a South Atlantic Squid, con las naves Falcon, Prion y Robin M. Lee.
- Copemar, también ligada a South Atlantic Squid, opera con el buque Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay.
- Ferralmes, vinculada a Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo.
- Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing Ltd., explota la embarcación Hermanos Touza.
- Moradiña, relacionada con Polar Ltd., opera el navío New Polar Playa de Sartaxens, bajo banderas de España y de las Islas Malvinas.
“Las licencias de pesca expedidas por los usurpadores son verdaderas patentes de corso mediante las cuales se degrada la riqueza del Mar Argentino”, plantearon los denunciantes.
La actuación de la Justicia Federal será clave para determinar si existió contrabando y otras infracciones a la normativa aduanera y cambiaria. En paralelo, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate por la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur y la necesidad de fortalecer los controles sobre la actividad pesquera en torno a las Islas Malvinas.
