Di Tullio lleva a la Justicia el caso de los contratos de inglés
NewsITe
La senadora del bloque Justicialista (PJ) Juliana Di Tullio presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue un entramado de presuntas irregularidades en la contratación de cursos de inglés para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la presentación, se habrían destinado más de 114 millones de pesos a un esquema que habría favorecido a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), vinculada a la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
De acuerdo con la información judicial a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, la denuncia apunta a una “red de funcionarios y particulares” involucrados en la adjudicación directa de los cursos, cuestionada por su falta de transparencia y por posibles delitos contra la administración pública.
La senadora señala como figura central a María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger y directora ejecutiva de la AACI, entidad beneficiada con el contrato por los cursos de capacitación en idioma inglés. Rouillet fue denunciada como coautora del presunto delito de defraudación a la administración pública, al entender que la contratación habría sido direccionada en favor de la institución que conduce.
En la presentación también se menciona a la funcionaria de Cancillería María Cristina Dellepiane, responsable de adjudicar la contratación directa a través de la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE. Para Di Tullio, esta decisión administrativa habría sido clave para concretar el negocio objetado.
Funcionarios señalados y posibles delitos investigados
El actual canciller, Pablo Quirno, figura en la denuncia por la presunta comisión del delito de “encubrimiento por omisión de denuncia”. Según el escrito, lejos de promover una investigación interna, el ministro habría optado por justificar públicamente la contratación desde sus redes sociales, sin activar los mecanismos de control correspondientes.
Sturzenegger, por su parte, es señalado por “presunto tráfico de influencias”. La senadora sostiene que no puede descartarse que el ministro haya intervenido, directa o indirectamente, ante las autoridades de Cancillería para facilitar la adjudicación a la entidad dirigida por su cónyuge, generando un posible conflicto de intereses.
- Presunta defraudación a la administración pública en la contratación de cursos.
- Posible encubrimiento por parte de autoridades que no habrían denunciado irregularidades.
- Eventual tráfico de influencias ligado al vínculo personal con la entidad beneficiada.
- Responsabilidad de las áreas técnicas que avalaron la viabilidad del contrato.
Responsabilidades en la estructura del Estado
La denuncia no se limita a los nombres de mayor peso político. Di Tullio también pide que se investigue la actuación de los directores de las áreas técnicas que intervinieron en el expediente y permitieron que el contrato avanzara. Entre ellos menciona a los responsables de Desarrollo de Recursos Humanos, Compras y Contrataciones y Asuntos Jurídicos de Cancillería, así como a funcionarios de la Oficina Anticorrupción, en particular de la Dirección Nacional de Ética Pública y de Planificación de Políticas de Transparencia.
Para la senadora, todos los involucrados se habrían apartado de un “fin lícito” y habrían garantizado un beneficio económico a un tercero vinculado a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional. La causa, que ahora quedará en manos de la Justicia Federal, podría derivar en pedidos de informes, citaciones a declarar y eventuales medidas de prueba que ayuden a determinar si existió un esquema de favoritismo y uso indebido de recursos del Estado.
“Se habrían alejado de un fin lícito para garantizar un beneficio para un tercero vinculado con un ministro del Poder Ejecutivo Nacional”, sostiene la denuncia presentada por Di Tullio.
El caso se suma a otros debates en torno a la transparencia en las contrataciones públicas y vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre funcionarios, familiares y entidades proveedoras del Estado, en un contexto de creciente demanda social por controles más estrictos y rendición de cuentas.
