Avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito
NewsITe
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó en los últimos días nuevas medidas de prueba y reavivó el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del Gobierno de Javier Milei y el nivel de vida de sus principales funcionarios. El expediente, que reúne distintas denuncias, pone bajo la lupa viajes, propiedades y presuntas dádivas recibidas por el funcionario.
[p_ad_box]
El diputado socialista Esteban Paulón, uno de los denunciantes, explicó que la causa se originó a partir de las dudas sobre el financiamiento de un viaje de Adorni a Punta del Este. Según reconstruyó, en el marco de la investigación se realizaron allanamientos y tomas de declaración que habrían contradicho la versión oficial difundida por el propio jefe de Gabinete.
Uno de los testimonios clave, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, sería el del piloto del vuelo de regreso desde el balneario uruguayo, quien habría señalado que el empresario Marcelo Grandío fue quien pagó los pasajes. Esa declaración choca con lo dicho por Adorni, que había asegurado públicamente que él mismo había afrontado los costos del viaje.
Acumulación de causas y foco en las presuntas dádivas
Paulón detalló que la jueza María Servini resolvió ceder la investigación por presunto enriquecimiento ilícito al juez federal Ariel Lijo, con el objetivo de unificar y acumular las distintas denuncias sobre la situación patrimonial de Adorni. La causa ya se encuentra en la fiscalía que interviene en la presentación realizada por el legislador socialista.
En el mismo expediente se habría incorporado también la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, lo que amplía el alcance de la pesquisa. El eje inicial está puesto en el posible delito de dádivas: se analiza si el funcionario aceptó el pago de pasajes, alojamiento y otros beneficios por parte de personas o empresas con posibles vínculos contractuales con el Estado.
En ese sentido, cobra relevancia una frase del propio Adorni, quien admitió haber sido alojado en la casa de Marcelo Grandío durante su estadía en Punta del Este. La Ley de Ética Pública establece prohibiciones claras para los funcionarios en cuanto a la aceptación de regalos, viajes o beneficios de terceros con intereses económicos ante el Estado.
Patrimonio, estilo de vida y cuestionamientos políticos
De acuerdo con lo que pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, Paulón también dirigió la mirada hacia la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. El legislador considera necesario que se explique cómo, declarando como único ingreso el salario como funcionario, Adorni habría podido adquirir varias propiedades, viajar en aviones privados y comprar pasajes en primera clase sin desprenderse de bienes.
Para el diputado, estas dudas no solo abren un frente judicial, sino que generan un fuerte impacto político. Adorni fue posicionado como uno de los principales voceros del relato de austeridad y recorte del gasto público del gobierno libertario. En ese marco, el contraste entre el mensaje de sacrificio y el nivel de vida atribuido al funcionario alimenta acusaciones de hipocresía.
Paulón también criticó la reciente conferencia de prensa brindada por el jefe de Gabinete, al considerar que no presentó documentación ni elementos concretos que despejaran las sospechas. Además, remarcó que el propio funcionario reconoció vivir en un departamento que no figuraba en sus declaraciones juradas, algo que, a su entender, pudo haberse esclarecido con información patrimonial básica.
Impacto en el Gobierno y escenario institucional
En el plano político, el legislador sostuvo que la situación compromete la autoridad del jefe de Gabinete, un funcionario clave en el esquema presidencial. A su criterio, cuando quien debe responder por la gestión y defender la línea oficial pierde credibilidad pública, se resiente su capacidad para cumplir ese rol y se vuelve más probable que el Gobierno evalúe un reemplazo.
- Investigación por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas.
- Unificación de causas en el juzgado de Ariel Lijo.
- Se analizan viajes, propiedades y financiamiento de gastos.
- Impacto directo en el discurso de austeridad del oficialismo.
“Es el peor daño que le podía ocurrir al Gobierno porque Adorni era la principal cara del discurso moral de austeridad”, planteó Paulón, quien advirtió que denuncias de presunta corrupción en un contexto económico complejo pueden derivar en un escenario de mayor debilidad institucional.
Mientras avanzan las medidas de prueba, el expediente se convierte en un nuevo frente de tensión para la administración de Javier Milei. El desenlace judicial y político de la causa será determinante no solo para el futuro del jefe de Gabinete, sino también para la credibilidad del relato libertario en torno a la transparencia y el uso de los recursos públicos.
