La causa por la compra de vacunas vuelve a quedar en pausa
NewsITe
La Justicia federal volvió a quedar en el centro de la escena por la demora en la citación a declaración indagatoria del empresario farmacéutico Hugo Sigman, investigado por presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
Fuentes judiciales indicaron que el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, aún no fijó una nueva fecha para que el fundador del grupo INSUD Pharma comparezca en el expediente impulsado por el fiscal Carlos Stornelli.
Sigman, de 81 años y residente en Madrid, había sido convocado en dos oportunidades: primero el 19 de mayo y luego el 29 de junio. En ambas ocasiones, su defensa recurrió a la Cámara Federal para solicitar la postergación de las audiencias, lo que derivó en la suspensión de las citaciones y en la actual indefinición del calendario judicial.
Una causa sensible por la política de vacunación
La investigación de Stornelli apunta a determinar si el Estado argentino benefició de manera deliberada a determinados laboratorios en la adquisición de dosis durante la pandemia. En el expediente también figuran exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, lo que le otorga un fuerte condimento político a la causa.
Uno de los ejes centrales es el análisis de las negociaciones fallidas con la farmacéutica Pfizer. La Justicia busca establecer si el Gobierno nacional desestimó ese acuerdo para priorizar a otros proveedores, entre ellos AstraZeneca, cuyo principio activo para la región fue producido por el laboratorio mAbxience, perteneciente al grupo empresario de Sigman.
Hipótesis de tráfico de influencias y expedientes bajo la lupa
En sus presentaciones, el fiscal señaló a Sigman como una figura clave en un posible esquema de tráfico de influencias, a partir de sus vínculos con funcionarios de la administración Fernández. Según la hipótesis de la acusación, esas relaciones habrían incidido en la orientación de la política de compras de vacunas en plena emergencia sanitaria.
- Relación del empresario con altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
- Participación de laboratorios vinculados a su grupo en la provisión de vacunas.
- Decisiones oficiales que habrían afectado el acuerdo con Pfizer.
Otro punto bajo investigación es el presunto ocultamiento o la falta de transparencia en los expedientes relacionados con las tratativas con Pfizer. Los investigadores buscan reconstruir la secuencia de decisiones, comunicaciones internas y criterios técnicos que se tuvieron en cuenta al momento de elegir proveedores, en un contexto de urgencia global por conseguir dosis.
La causa busca determinar si hubo un direccionamiento indebido en la compra de vacunas y si se aprovechó la emergencia sanitaria para favorecer a determinados actores privados.
Mientras se aguarda que la Cámara resuelva los planteos de la defensa y Lijo defina si finalmente convoca a Sigman a indagatoria, el expediente avanza con requerimientos de documentación y testimonios a exfuncionarios. La definición sobre la situación procesal del empresario farmacéutico será clave para el futuro de una causa que vuelve a poner bajo la lupa el manejo estatal de la pandemia.
