Un caso que reaviva el debate sobre efectos adversos
NewsITe
El caso de Emanuel Alejandro Ocaña Francia, un gasista matriculado de Salta, llegó a la Justicia federal y volvió a poner bajo la lupa los posibles efectos adversos de las vacunas contra el Covid-19. El hombre presentó una demanda por daños y perjuicios contra la farmacéutica AstraZeneca y contra el Estado nacional, en la que reclama más de $191 millones tras ser diagnosticado con síndrome antifosfolipídico y otras secuelas de salud.
Según la presentación judicial, el cuadro clínico de Ocaña incluye síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia (baja de plaquetas), alteración de la función renal, lesiones cerebrales y antecedentes de crisis convulsivas. La demanda sostiene que estas patologías se desencadenaron luego de haber recibido dos dosis de la vacuna de AstraZeneca durante 2021, aunque esa relación causal aún debe ser probada en el expediente.
Una constancia del Hospital Italiano de Buenos Aires, fechada el 29 de noviembre de 2023, indica que el paciente estuvo internado desde el 22 de ese mes en la Unidad de Terapia Intermedia de Adultos con diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Se trata de un trastorno autoinmune asociado a la presencia de anticuerpos específicos que aumentan el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. En la práctica clínica, puede provocar trombosis en arterias o venas y derivar en complicaciones en diversos órganos.
Qué es el síndrome antifosfolipídico y cómo se manifiesta
El síndrome antifosfolipídico (SAF) es una enfermedad en la que el sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan por error a proteínas unidas a fosfolípidos, componentes de las membranas celulares. Esta reacción favorece la formación de coágulos, que pueden afectar el cerebro, los riñones, el corazón, los pulmones y otros órganos. Suele diagnosticarse a partir de antecedentes de trombosis, abortos recurrentes o alteraciones hematológicas, junto con estudios de laboratorio específicos.
En el expediente se detalla que Ocaña ya había atravesado episodios de salud complejos. En octubre de 2022 ingresó al Hospital San Bernardo de Salta tras sufrir crisis convulsivas. La historia clínica menciona múltiples episodios tonicoclónicos generalizados y un cuadro de hipertensión arterial severa de reciente diagnóstico, además de deterioro leve de la función renal y plaquetopenia.
Estudios neurológicos y cardiovasculares
Una resonancia magnética cerebral realizada el 14 de octubre de 2022 describió pequeñas lesiones interpretadas como isquémicas subagudas y lesiones cavitadas lineales en ambos hemisferios cerebelosos. Esos hallazgos fueron compatibles con lesiones de origen vascular. En paralelo, el estudio cardiovascular practicado durante la misma internación reportó signos sugestivos de cardiopatía infiltrativa e hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo.
El cuadro volvió a ser analizado en profundidad un año más tarde, cuando Ocaña fue internado en el Hospital Italiano. Allí, una nueva resonancia cerebral mostró lesiones de aspecto vascular secuelar en los hemisferios cerebelosos, múltiples microhemorragias secuelares y signos de atrofia parietal y frontal bilateral. La documentación incorporada a la causa indica que el paciente continuó luego con seguimiento en nefrología, neurología y reumatología por plaquetopenia, alteración de la función renal, proteinuria y crisis epilépticas vinculadas a lesiones isquémicas.
Secuelas e impacto en la vida diaria
En enero de 2024 se le otorgó a Ocaña un Certificado Único de Discapacidad, que registra como condiciones de salud las secuelas de enfermedad cerebrovascular, anormalidades de la marcha y de la movilidad, y hemiplejía. La demanda agrega que el salteño sufre además dificultades cognitivas, problemas de memoria y concentración, alteraciones en los movimientos finos y limitaciones para desplazarse, circunstancias que —según argumenta— le impiden retomar su actividad laboral como gasista matriculado.
La presentación judicial no sólo reclama una indemnización económica por incapacidad y pérdida de ingresos, sino también por los gastos médicos pasados y futuros, y por el daño moral que el demandante dice haber experimentado a raíz del deterioro de su salud.
Diagnóstico versus relación causal con la vacuna
Los especialistas consultados por la Justicia deberán ahora diferenciar dos planos: por un lado, la confirmación diagnóstica del síndrome antifosfolipídico y de las demás patologías descriptas; por otro, la determinación de si existe efectivamente un vínculo directo entre esas afecciones y la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19.
En la causa se incorporó un certificado médico de agosto de 2024 que menciona un “nexo causal” con la vacunación, así como un registro ESAVI, categoría que agrupa los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización. Sin embargo, en términos jurídicos y científicos, estos elementos no alcanzan por sí solos para establecer una responsabilidad definitiva.
La propia parte demandante solicitó que se realice una pericia médica oficial que determine si las patologías están vinculadas o no a las dosis de AstraZeneca. El informe pericial será clave para el futuro del juicio contra la farmacéutica y el Estado nacional.
Mientras tanto, el caso se suma a otros expedientes que analizan eventuales efectos adversos graves de las vacunas contra el Covid-19, en un contexto en el que las autoridades sanitarias insisten en que los beneficios de la inmunización superan ampliamente a los riesgos, y recuerdan que cualquier sospecha de evento asociado debe ser reportada y evaluada mediante los canales oficiales.
