Tanto en delitos menores como en hechos de mayor trascendencia y gravedad, los autores de los ilícitos son identificados, aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. En un marco normativo que así lo permite, muchas veces son rápidamente puestos en libertad. Vuelven a delinquir y el malestar social en torno a la inseguridad sigue en ascenso. Los casos más recientes e ilustrativos en San Nicolás: un sujeto que ingresó en distintas comisarías veinte veces en menos de cuarenta días; y una mujer con arresto domiciliario por narcomenudeo que seguía vendiendo drogas en su casa.
De la redacción de EL NORTE
La sensación del ciudadano acosado por la inseguridad es que los delincuentes cuando son atrapados por la policía o puestos bajo la vigilancia de la justicia “entran y salen”. Muchos actores del derecho niegan la existencia de la mentada “puerta giratoria” pero lo cierto es que quienes deberían estar presos son liberados y vuelven a delinquir. No es un problema de buenos o malos. Simplemente la eficacia de nuestras instituciones está muy lejos del objetivo legal. Los casos se multiplican y la sociedad reclama respuestas.
Ocurre que sujetos que son aprehendidos por hechos menores vuelven a ingresar a las dependencias policiales cada vez por delitos más graves. En las comisarías de San Nicolás encabeza el escandaloso récord de aprehensiones un hombre que ingresó 20 veces en el término que transcurrió entre el 1 de marzo y el 10 de abril. Le sigue otro sujeto que fue apresado 16 veces entre el día 17 del mes pasado y el 8 de este mes. Al tercer lugar lo ocupa otra persona con 12 entradas en 35 días. Éstos son apenas un ejemplo en la larga lista. En general se trata de hechos no graves pero que inician en la carrera del delito. Los operadores vinculados a la justicia sostienen que quien delinque se va perfeccionando, compite consigo mismo. Si cometió un delito sin armas y le fue bien, la próxima lo hará con un cuchillo o una navaja. Y si le fue bien una vez más, la siguiente empuñará un arma de fuego.
A esto se suma que sujetos condenados por delitos graves que se encuentran inexplicablemente beneficiados con atenuaciones de coerción continúan delinquiendo. Meses atrás una mujer que cumplía arresto domiciliario por narcomenudeo en barrio Las Mellizas fue descubierta vendiendo drogas en su casa. Otro de los casos mencionados, solo a modo de ejemplo, es el de una mechera rosarina que robó dos veces en la Farmacia de Nación y Savio, fue apresada, tenía múltiples antecedentes y una condena a seis años de prisión de efectivo cumplimiento por hurto y asociación ilícita, pero estaba libre. Volvió a robar y fue nuevamente liberada por el Juzgado de Garantías N°2.
Calabozos clausurados y cárceles llenas
Fuentes judiciales consultadas por EL NORTE manifestaron que uno de los factores, aunque no el principal, de esta flexibilidad en el sistema lo da el hecho de que no hay lugar para alojar a los detenidos. La UP3 se encuentra superpoblada, los calabozos de la DDI están clausurados como la mayoría de las dependencias policiales de la ciudad. Solo la Comisaría Primera está habilitada con 12 cupos. “La situación se complica por la superpoblación y porque además mandan presos de otras localidades. Esto influye. Nadie en la justicia va a reconocer que otorgan libertades o dan arrestos domiciliarios porque no tienen donde alojarlos, pero la realidad es que esto hace que sean más laxos a la hora de dar los beneficios. Es una complicación muy importante. Desde arriba y desde los organismos de Derechos humanos nos demandan que seamos más flexibles en cuanto al encarcelamiento pero la sociedad reclama otra cosa. No pasa por ahí la solución, tiene que haber más lugares de alojamiento en condiciones de ser habilitados. Son decisiones políticas, DDI no puede alojar detenidos es un tema complicadísimo, tiene un trasfondo muy grave”.
Otra fuente de la justicia explicó que “Al problema más grave en estos casos lo tiene el juez de garantías. La realidad que no se dice es que van viendo cómo está la situación en los calabozos para interpretar en caso de duda a la hora de conceder la libertad o un beneficio. Por supuesto que quien cometió un homicidio va a quedar preso, pero entre el hurto y el homicidio hay un universo de otros delitos en el que va a ponderar también la falta de lugares a la hora de decidir si mantiene o no a alguien en prisión”.
Delitos graves
Los hechos de inseguridad cometidos por delincuentes que deberían estar bajo la custodia de la justicia, no son un fenómeno nuevo, el año pasado las páginas de EL NORTE reflejaban la problemática. El caso Barrios es una muestra acabada de las falencias de la justicia donde se mezcló el poco rigor de los jueces con la ausencia de controles. Nicolás Barrios estaba condenado a 14 años y seis meses de prisión por homicidio en grado de tentativa y debía ser juzgado nuevamente, esta vez por el homicidio del policía Mauro Maldonado en 2018. A pesar de la condena y de los graves cargos que pesaban sobre Barrios fue beneficiado con una prisión domiciliaria escasamente controlada, que violó sistemáticamente y que no fue revocada ni aun ante los reclamos efectuados por la familia de Maldonado. Recién le quitaron el beneficio cuando el caso tomó trascendencia mediática porque en un acto de total impunidad Barrios publicó sus videos en Tik Tok mostrándose haciendo maniobras peligrosas con la moto en la costanera. El abogado de familia presentó esas imágenes y otras que lo ubicaban en boliches de la zona. Recién entonces la justicia atendió a los múltiples pedidos de revocación del beneficio.
No menos indignante fue el caso del nicoleño Mauro Sosa quien, además de haber sido condenado a 3 años y seis meses de prisión por el incendio a la Catedral en 2019 y haber sumado posteriormente otros delitos, gozaba del beneficio de libertad vigilada otorgado por el Juzgado de Ejecución. Bajo estas circunstancias, fue reconocido por testigos como quien asaltó e intentó abusar sexualmente de una persona en la localidad de Capitán Sarmiento. Pese a su creciente prontuario, el joven de 31 años, en ese momento siguió en libertad.
Otro ejemplo fue el de un sujeto que junto a dos hombres asaltaron a una mujer de 70 años en su casa de calle Roca. La maniataron, le cubrieron la cabeza con una bolsa, le robaron y huyeron dejando a la víctima a su suerte. Fue aprehendido, el Juzgado de Garantías en principios ordenó la detención, pero luego lo excarceló porque no encontraron el arma. Continuó en libertad aun después de que el reconocimiento en rueda de personas diera positivo. El acusado, de18 años, contaba con numerosas causas siendo menor pero que no pudieron contarse como antecedentes.
Los mencionados son solo algunos de los ejemplos que el ciudadano común, expuesto a la inseguridad, no logra terminar de entender.
