Del Plá cuestiona el nuevo Régimen Penal Juvenil
NewsITe
La diputada nacional del Frente de Izquierda y referente del Partido Obrero, Romina Del Plá, lanzó duras críticas al proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado a nivel nacional. Según advirtió, la iniciativa no solo endurece la respuesta punitiva hacia adolescentes, sino que además los empuja a contextos de encierro que, lejos de favorecer la reinserción, profundizan la exclusión social.
En declaraciones recientes, Del Plá sostuvo que con este esquema “los menores van a ir a lugares espantosos” y remarcó que “ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró”. La legisladora cuestionó que el foco de la discusión se centre en el castigo y no en las políticas integrales de protección de derechos, educación, salud y contención en barrios atravesados por la pobreza y el ajuste.
La diputada argumentó que la experiencia internacional demuestra que las tasas de reincidencia entre jóvenes privados de la libertad son muy elevadas. Atribuyó este fenómeno a la ausencia de programas reales de reinserción y a un esquema donde el encierro funciona, según sus palabras, como una “política para recrudecer las situaciones” en lugar de resolverlas. En ese sentido, advirtió que el fortalecimiento de instituciones cerradas suele ir acompañado de recortes en áreas sociales clave.
Del Plá también criticó que, al destinar más recursos a la construcción y mantenimiento de centros de detención juvenil, se desfinancian espacios que deberían garantizar la protección de las infancias y adolescencias en contextos de vulnerabilidad: escuelas, centros comunitarios, programas de acompañamiento y dispositivos de salud mental, entre otros. Para la dirigente de izquierda, el nuevo régimen consolida una lógica de persecución sobre los sectores más empobrecidos.
Debate por la baja de edad y el impacto en los barrios
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Del Plá alertó que esta medida puede tener un efecto inverso al que se declara como objetivo: lejos de reducir el delito, podría facilitar que organizaciones criminales y bandas narco recluten a chicos cada vez más chicos, de entre 10 y 12 años, como “soldaditos” descartables.
Organizaciones de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la oposición vienen señalando que, sin una política integral que aborde las causas estructurales de la violencia —la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades educativas y laborales—, las reformas penales juveniles terminan siendo meramente punitivas. En ese marco, cuestionan que se responsabilice casi exclusivamente a los adolescentes por problemas que tienen raíces sociales mucho más profundas.
- Críticas a la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.
- Advertencias sobre el aumento de la reincidencia juvenil.
- Señalamientos por el desvío de recursos hacia instituciones de encierro.
- Reclamo por políticas de protección y reinserción social integrales.
“Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer”, afirmó Romina Del Plá.
Mientras el Congreso se prepara para avanzar en el debate, las organizaciones sociales y de derechos de la niñez reclaman que se prioricen políticas de inclusión antes que el castigo. La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil vuelve a poner en el centro qué modelo de país se construye para las nuevas generaciones: uno basado en el encierro o uno que garantice derechos y oportunidades reales.
