Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad. La medida responde a una denuncia efectuada por la abogada ambientalista Ana Fernández.
De la redacción de EL NORTE
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El comunicado fue dado a conocer esta mañana y manifiesta que “Ante lo ocurrido, y de público conocimiento, esta Jefatura Departamental y Ministerio de Seguridad disponen la intervención de la Comisaria Primera; Suspensión de la titularidad del Comisario González Claudio. Asimismo se hizo presente Control Disciplinario, para auditar la Seccional Policial.
Se pone en conocimiento a la Auditoria de Asunto Internos, quien pidió copia de las actuaciones. Como así también se llevaron a cabo todas las medidas que para el caso corresponde.
La abogada Ana Fernández había denunciado que el pasado miércoles la policía bonaerense la había golpeado y arrestado de manera ilegitima cuando estaba registrando el incumplimiento de una orden judicial.
La letrada trabaja en diversas acciones judiciales en protección de la reserva del Parque Rafael de Aguiar. Fernández había denunciado el accionar policial en la Fiscalía en turno.
Los repudios
Luego de conocerse la denuncia de Ana Fernández, diversas instituciones y agrupaciones dieron a difusión expresiones de repudio. Fue el caso, por ejemplo, del Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás, que calificó como “aberrantes” los hechos denunciados y ahora investigados.
“El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolás manifiesta el absoluto repudio frente a la siempre innecesaria violencia institucional y el exceso en el uso de la fuerza. Expresamos en particular nuestro apoyo y solidaridad a la Dra. Ana Fernández por la detención, los golpes sufridos y la violencia de toda índole que se relatan en la denuncia interpuesta. Es inconcebible que estos hechos ocurran en nuestra comunidad, faltando a las reglas básicas del Estado de Derecho, en el cual deben primar y reinar las garantías constitucionales”, indicó la institución presidida por Alejo Maiztegui.
La entidad profesional también exhortó “con enorme preocupación al Ministerio Público Fiscal y a la justicia a que se investiguen y se condene a los responsables de estos delitos de una notoria gravedad institucional y que implican vivencias perjudiciales para la integridad psicológica y física de la colega afectada”.
El colectivo Ateneo de Mujeres Abogadas también formuló una expresión de repudio. “Todas las colegas que integramos el Ateneo de Mujeres Abogadas expresamos nuestro más profundo repudio a las violaciones de las garantías y derechos constitucionales impetrados por la autoridad policial local de la Comisaría Primera en detrimento de nuestra querida colega Ana Fernández, con quien nos solidarizamos y a quien le expresamos nuestro sincero apoyo sororo. Exigimos el esclarecimiento del hecho y las sanciones correspondientes para los funcionarios que hicieron posible ese escenario de aberrante violencia institucional”, plantearon.
Asimismo la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se expidió sobre el sensible asunto. «La FACA expresa públicamente su absoluto repudio a los hechos de violencia institucional ocurridos en el día de ayer 4 de enero de 2023 y de los que fue víctima directa la Dra. Ana Fernández, abogada perteneciente al Colegio de Abogados de San Nicolás. La gravedad de los hechos denunciados, suponen una conducta legal y humanamente reprochable, la violación de derechos fundamentales de todo ser humano, como así la vulneración de principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales de igual jerarquía, proyectándose a la par como un agravio inaceptable sobre la dignidad de cada abogado y abogada en su rol profesional de asegurar el acceso a la justicia de todo aquel que lo necesite», expresó la entidad que preside el abogado nicoleño José Luis Lassalle.
La FACA también «requiere de las autoridades judiciales intervinientes un rápido esclarecimiento de los hechos bajo su investigación, la consecuente determinación de sus responsables y en su caso, la aplicación de las sanciones penales que eventualmente el caso amerite», al tiempo que entiende «necesario que las más altas autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avancen en la toma de medidas urgentes dirigidas a desterrar conductas y prácticas reñidas con la ley por parte de agentes policiales, como así la inmediata separación o exoneración de aquellos que se empeñen en el empleo de métodos claramente violatorios de los derechos humanos e impropios de un estado de derecho».
También difundieron sus expresiones de repudio el Movimiento Evita y la CTA Regional San Nicolás – Ramallo.
