Debate por listas colectoras: alertan por impacto en Senado

Constitucionalistas advierten por el avance del Gobierno

Debate jurídico y político por las listas colectoras en Argentina

NewsITe

El Gobierno nacional confirmó que impulsará la habilitación de listas colectoras para las elecciones presidenciales de 2027 y encendió un fuerte debate jurídico y político. La propuesta, anunciada por el vocero presidencial Adrián Ravier, prevé llevar el proyecto al Congreso y reabrir una discusión que ya había sido clausurada por decreto en 2019. Especialistas en derecho constitucional consultados por distintos medios coincidieron en que la herramienta plantea serios problemas de transparencia, puede inducir a confusión al electorado y, en el caso de la elección de senadores, podría vulnerar la Constitución.

Las llamadas listas colectoras permiten que un mismo candidato a presidente sea acompañado por más de una boleta legislativa, de distintos partidos o frentes. De ese modo, se acumulan votos provenientes de fuerzas con identidades políticas incluso contradictorias, pero que tributan a una misma fórmula presidencial. Este mecanismo, que tuvo su mayor despliegue entre 2007 y 2011, fue cuestionado por amplios sectores políticos al considerar que distorsiona la voluntad popular y genera desigualdad en la competencia electoral.

– Publicidad –

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó una diferencia clave entre Diputados y Senado. Sostuvo que, por el sistema proporcional D’Hondt, las colectoras podrían admitirse en la elección de diputados nacionales, aunque no sean el mecanismo más transparente. Sin embargo, advirtió que en el caso de los senadores el esquema entra en colisión con el artículo 54 de la Constitución, que establece que cada provincia elige tres senadores: dos para la fuerza más votada y uno para la que queda en segundo lugar. Si dos listas colectoras que responden al mismo candidato presidencial obtuvieran primero y segundo puesto, podrían intentar quedarse con las tres bancas, desnaturalizando el diseño de mayoría y minoría previsto en la Carta Magna.

Riesgos para la calidad democrática y la igualdad electoral

El abogado Carlos Lombardi hizo foco en el impacto que el sistema tendría sobre la calidad democrática. Si bien admitió que, en abstracto, la Constitución admite este tipo de ingeniería electoral, subrayó que las colectoras pueden desvirtuar la relación entre el voto del ciudadano y la representación obtenida, afectando el principio de igualdad de condiciones entre las fuerzas en disputa. A su entender, la acumulación de votos en torno de una candidatura común, sostenida por listas con plataformas distintas, genera una distorsión de la voluntad popular y un escenario poco transparente.

En esa línea, Lombardi recordó el artículo 38 de la Constitución Nacional, que define a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Para el especialista, permitir que múltiples partidos, con identidades difusas, se plieguen a una misma fórmula presidencial mediante colectoras fortalece a esa candidatura en detrimento de la claridad ante el electorado, debilitando el valor del voto informado.

Diego Armesto, por su parte, remarcó que el uso de colectoras implica un “engaño a la sociedad o al elector”, al generar una competencia electoral desequilibrada. Señaló que la modificación de las reglas de juego cerca de una elección no solo confunde a los votantes sino que además genera incentivos para que los partidos provinciales adhieran masivamente a una misma fórmula nacional, vaciando de contenido el rol de las organizaciones políticas como canales estables de representación.

Diputados, senadores y el límite de la Corte Suprema

El constitucionalista Eduardo Gerome destacó que la Constitución no menciona de manera expresa a las listas colectoras y que, bajo el principio general de que lo no prohibido está permitido, podrían admitirse para diputados nacionales. Respaldó esa lectura en el artículo 38, que reconoce a los partidos el derecho a presentar candidatos y celebrar acuerdos políticos. Sin embargo, al igual que Gil Domínguez, marcó un límite claro en el Senado: la distribución de bancas debe darse entre fuerzas distintas, mayoritarias y minoritarias, criterio ya avalado por la Corte Suprema en fallos previos.

Como antecedente, los especialistas recordaron el llamado “caso Bravo”, en el que el Máximo Tribunal y la Cámara Nacional Electoral rechazaron la posibilidad de sumar votos de dos listas distintas para conformar una candidatura a senador. En esa oportunidad, la Corte entendió que la maniobra desvirtuaba la regla constitucional de “dos y uno” y terminó asignando la tercera banca al partido que postulaba a Gustavo Béliz. Ese precedente es citado hoy como referencia para advertir que el Senado no podría ser objeto de un esquema de colectoras sin chocar con la Constitución.

“No hay óbice constitucional para las colectoras en Diputados, pero distinta es la situación de los senadores, donde debe garantizarse que la mayoría y la minoría pertenezcan a fuerzas diferentes”, señalan los expertos al analizar el proyecto que el Gobierno quiere llevar al Congreso.

De avanzar la iniciativa oficial, el cambio en el régimen electoral debería aprobarse por mayoría absoluta en ambas Cámaras: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Los constitucionalistas prevén, además, una segura judicialización. Cualquier fuerza que se considere afectada podría plantear la inconstitucionalidad ante la Justicia e, incluso, forzar un pronunciamiento de la Corte Suprema. Mientras el Gobierno busca ampliar sus márgenes de maniobra hacia 2027, el debate jurídico expone una tensión de fondo: cómo equilibrar la ingeniería electoral con la transparencia y la confianza en el sistema democrático.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -