El proyecto oficial para abrir el cabotaje a buques extranjeros
NewsITe
El Gobierno nacional impulsa en el Congreso una profunda modificación de la Ley de Cabotaje, un régimen vigente desde 1944 que regula el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos. La iniciativa, adelantada por el presidente Javier Milei durante su discurso en la exposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA), apunta a abrir el mercado a buques de bandera extranjera con permisos temporarios para bajar costos logísticos y potenciar la competitividad de los puertos del país.
Según el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la reforma se inscribe en una estrategia más amplia de desregulación del sector naviero y de la hidrovía Paraná-Paraguay. El oficialismo sostiene que la falta de una flota nacional suficiente encarece el movimiento de mercaderías, limita el crecimiento de las economías regionales y resta atractivo a la Argentina frente a otros países de la región que ya flexibilizaron sus marcos normativos.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es permitir que buques de otras banderas operen el cabotaje fluvial y marítimo local mediante autorizaciones temporarias. Al mismo tiempo, se propone flexibilizar las exigencias de tripulación nacional: durante los primeros 90 días de operación no se exigiría personal argentino obligatorio, y recién al cumplirse un año se fijaría un piso del 75% de tripulantes locales. En paralelo, el proyecto prevé la eliminación de aranceles de importación para barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad, con el objetivo de ampliar la oferta de bodegas disponibles.
Impacto en la hidrovía y críticas de la oposición
El Gobierno argumenta que la apertura del cabotaje y la baja de impuestos a la importación de barcos permitirán reducir de manera significativa los costos logísticos, en especial en la hidrovía del Río Paraná, considerada una de las principales autopistas fluviales de Sudamérica. De esta forma, se buscaría aliviar la carga de las cadenas exportadoras, mejorar la rentabilidad del agro y dar mayor fluidez al comercio exterior argentino.
Sin embargo, el proyecto ya encontró resistencias en la oposición y en sectores sindicales y empresariales vinculados a la marina mercante nacional. Desde Unión por la Patria, la diputada Agustina Propato presentó una propuesta alternativa que va en sentido contrario: declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná un bien de Interés Público Nacional y de Valor Estratégico, con el objetivo de reforzar la presencia estatal y limitar los procesos de privatización en el área.
Esa iniciativa opositora define como infraestructura crítica nacional el tramo comprendido entre el kilómetro 1.238 (Confluencia) y las aguas profundas del Río de la Plata. Al hacerlo, busca garantizar que el dragado, el balizamiento, el control operativo y la administración del comercio exterior permanezcan bajo la órbita del Estado argentino, restringiendo la entrega de recursos considerados estratégicos a consorcios privados o empresas extranjeras.
Un debate de fondo sobre soberanía y competitividad
El cruce de proyectos expone un debate de fondo sobre el futuro del sistema de vías navegables del país: mientras el oficialismo sostiene que la apertura a buques extranjeros es clave para abaratar costos y dinamizar la economía, la oposición alerta sobre un posible retroceso en términos de soberanía sobre la hidrovía y sobre los puertos. El tratamiento en el Congreso definirá si la Argentina avanza hacia un modelo más liberalizado, como propone Milei, o si prima una visión que prioriza el control estatal de la principal ruta de salida de las exportaciones.
La discusión sobre la Ley de Cabotaje y la Vía Navegable Troncal combina intereses económicos, logísticos y geopolíticos, y se perfila como uno de los debates centrales en materia de infraestructura y comercio exterior en los próximos meses.
Mientras tanto, gremios marítimos, cámaras empresarias, gobiernos provinciales y especialistas en transporte siguen de cerca la letra fina de cada proyecto, a la espera de definiciones que impactarán en el mapa productivo y portuario argentino durante las próximas décadas.
