Polémica por la baja de la edad de imputabilidad en Argentina
NewsITe
El debate por la reforma de la Ley Penal Juvenil volvió a ganar fuerza luego de las declaraciones del abogado penalista Leonardo Sigal, quien respaldó el proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. El letrado fue más allá y sostuvo que, bajo ciertas condiciones, un chico “podría ser punible a los 12 años”.
En diálogo con el programa Tiempo de Policiales por ATP Stream, Sigal planteó que la clave no es solo la edad cronológica sino la evaluación de la conciencia del menor sobre la criminalidad del hecho. “Si el sistema judicial le hace un informe psicológico al chico y se comprueba que conoce la diferencia entre el bien y el mal y que es consciente de la criminalidad del acto, ya es punible”, señaló, en declaraciones recogidas por la Agencia Noticias Argentinas.
No obstante, el penalista advirtió que cualquier cambio legal debe ir acompañado de una fuerte inversión del Gobierno Nacional. Manifestó su preocupación por el estado actual del sistema judicial y del sistema de alojamiento para menores en conflicto con la ley: “El sistema está colapsado. Hay que ver cómo se va a reglamentar la norma y, sobre todo, dónde se va a alojar a estos chicos”.
Preocupación por el sistema judicial y los institutos de menores
Sigal cuestionó la capacidad instalada del sistema penal y penitenciario para absorber a nuevos grupos etarios. “Las fiscalías no dan abasto con la cantidad de causas y muchas veces no pueden dar respuestas. Encima ahora se piensa en aumentar el rango etario de los imputables”, describió. También alertó sobre la situación en las cárceles, donde muchas veces no se cumple con la separación entre procesados y condenados, y planteó el riesgo de alojar allí a menores.
El abogado fue especialmente crítico respecto de los institutos de menores. Aseguró que muchos de estos centros presentan graves falencias edilicias y de personal, y que no están cumpliendo el rol de contención y resocialización que les asigna la ley. “Es un depósito de chicos, sin policías ni servicio penitenciario porque se los define como espacios pedagógicos. Están ahí por orden judicial, pero el que se quiere ir, se va”, remarcó.
En esa línea, describió un escenario complejo dentro de los institutos, donde el conflicto social que se vive en los barrios se traslada puertas adentro. Falta de personal, peleas entre internos y ausencia de recursos para sostener proyectos educativos y de oficio forman parte del diagnóstico que trazó el letrado.
Resocialización, educación y política criminal de largo plazo
Para Sigal, cualquier reforma penal juvenil que se impulse debe tener como eje la rehabilitación. “Al pibe lo tenés que alojar en un lugar en condiciones, donde pueda entender que su vida tiene valor. Solo así va a poder valorar la vida de los demás”, explicó. En ese sentido, reclamó un sistema que garantice la continuidad educativa, la finalización de la escuela primaria y secundaria, y la posibilidad de aprender un oficio.
- Rehabilitación y resocialización como objetivos centrales del sistema.
- Inversión en infraestructura y personal para institutos y centros de tratamiento.
- Revisión de la Ley de Salud Mental para mejorar la atención de adicciones.
- Diseño de una política criminal de Estado a 20 años, con eje en la educación.
El abogado, conocido por haber intervenido en la causa que terminó con una condena en suspenso para el cantante L-Gante, insistió en que la política criminal no puede reducirse a aumentar penas o bajar edades de imputabilidad. Sostuvo que el objetivo debe ser proteger a la sociedad logrando que una parte significativa de los jóvenes en conflicto con la ley pueda reinsertarse de manera efectiva.
“Argentina necesita una política criminal de Estado para los próximos 20 años. El sistema penitenciario se agota antes con la educación y la escolarización. Si no les das una vida digna con educación, no podés después esclavizarlos en el sistema judicial”, advirtió Sigal.
El penalista también reclamó modificar de forma urgente la Ley de Salud Mental, al considerar que limita la posibilidad de tratar a personas con adicciones graves. A su criterio, el Estado debe invertir en centros especializados que eviten que el problema termine derivando en causas penales. “Las cárceles no se llenan solas, siempre hay un motivo social”, resumió, al tiempo que vinculó la falta de oportunidades con el avance del narcotráfico en los barrios más vulnerables.
En este contexto, el debate por la baja de la edad de imputabilidad se entrecruza con una discusión más amplia: qué modelo de seguridad, inclusión y justicia quiere construir la Argentina en las próximas décadas.
