Súper RIGI: el régimen que divide aguas en el Congreso
NewsITe
El proyecto de Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, conocido como “Súper RIGI”, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda su tratamiento en el Senado. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, promete un paquete excepcional de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer megainversiones por montos mínimos de 1.000 millones de dólares, en un esquema que ya generó una fuerte polémica entre empresarios, gobernadores y la oposición.
De acuerdo con el texto, cada proyecto deberá canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras societarias creadas exclusivamente para cada emprendimiento, que incluso podrán radicarse en el exterior. Al menos el 20% del desembolso comprometido deberá ejecutarse en los primeros dos años, lo que consolida un perfil orientado a grandes jugadores globales y a iniciativas de gran escala.
Entre los beneficios centrales figura una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen del 3,5% sobre dividendos y utilidades, eliminación inmediata de derechos de exportación para los proyectos alcanzados y exención total en las importaciones vinculadas a cada inversión. A esto se suma la posibilidad de acceder, de manera progresiva, a la libre disponibilidad de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de ejecución.
Críticas por el sesgo pro megainversores y el impacto federal
El “Súper RIGI” también contempla una contribución patronal reducida al 10% para nuevas relaciones laborales y otorga una estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. Otro punto clave es la habilitación de mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias con el Estado argentino, aspecto que despierta cuestionamientos de especialistas en derecho público y de bloques opositores por el posible debilitamiento de la jurisdicción local.
Desde el oficialismo se sostiene que el régimen está pensado para actividades que hoy prácticamente no existen en el país o que se encuentran en fase experimental, como grandes centros de datos para inteligencia artificial, producción de semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica. El argumento es que este andamiaje regulatorio permitiría acelerar exportaciones, generar empleo calificado y sumar nuevas cadenas de valor orientadas al futuro.
No obstante, el diseño del esquema deja afuera a la mayoría del entramado productivo local. El proyecto excluye expresamente ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de plantas ya instaladas y fija un piso de inversión que desanima a pymes e incluso a grupos de peso que no operan en la escala de desembolsos exigida. Dirigentes empresarios y referentes opositores advierten que el régimen otorga beneficios extraordinarios a capitales globales, pero ofrece escasos incentivos a firmas nacionales que buscan crecer sobre su base actual.
El rol de las provincias y la discusión por la presión fiscal
Las provincias también quedan en el centro de la discusión. Para adherir al “Súper RIGI”, las jurisdicciones deberán comprometerse a garantizar estabilidad fiscal y a limitar la carga tributaria local sobre los proyectos alcanzados. El texto fija que la alícuota de Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50% y restringe la creación o aplicación de otros tributos sobre actos y contratos vinculados a la inversión, lo que podría recortar la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales.
Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta clave para atraer capitales en un contexto de escasez de financiamiento, sus detractores señalan el riesgo de consolidar un esquema de “dos velocidades”: uno hiperfavorables para megainversores extranjeros y otro con reglas mucho más exigentes para el resto del tejido productivo argentino. El desenlace del debate en el Senado será determinante para definir el alcance real de este nuevo régimen y su impacto en la economía de las próximas décadas.
El debate por el Súper RIGI expone la tensión entre la necesidad de captar grandes inversiones y la demanda de un trato más equilibrado para el empresariado local.
