Fuerte debate por la desregulación del cabotaje en la Argentina
NewsITe
Especialistas en transporte marítimo y geopolítica advirtieron que el proyecto de desregulación del cabotaje impulsado por el Gobierno de Javier Milei podría tener consecuencias estratégicas de largo plazo para la Argentina. La iniciativa, presentada por el presidente durante su discurso en la Sociedad Rural y enmarcada en las reformas de Federico Sturzenegger, apunta a abrir el transporte interno a operadores extranjeros.
Si bien en el sector hay consenso sobre la necesidad de modernizar la marina mercante y reducir costos logísticos, voces técnicas subrayan que una apertura sin controles ni criterios de reciprocidad pondría en riesgo un área considerada sensible para la soberanía nacional. El cabotaje, recuerdan, no solo mueve cargas, sino que también forma parte de la infraestructura crítica del país.
Uno de los puntos más polémicos es la intención de modificar el régimen de practicaje. Fernando Morales, de la Liga Naval Argentina, advirtió que la reforma que impulsa Sturzenegger sobre esta actividad —que consiste en el asesoramiento obligatorio de profesionales argentinos a capitanes de buques extranjeros en ríos y accesos portuarios locales— sería “devastadora” para la seguridad de la navegación y el control estatal sobre el tráfico marítimo.
El debate trasciende la discusión sobre el costo de los fletes. La pregunta de fondo es quién controlará, en los próximos años, una porción clave de la infraestructura logística y marítima argentina, en un escenario global marcado por la disputa entre potencias por puertos, rutas comerciales y corredores estratégicos.
Alertas por el avance de China y tensiones con Estados Unidos
Entre las principales preocupaciones figura el creciente despliegue de China en el Atlántico Sur. En los últimos años aumentó la presencia de la flota pesquera china en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva argentina y diversos centros de análisis interpretan esa expansión como parte de una estrategia de Estado que supera el mero interés comercial.
Especialistas consultados señalan que Beijing busca consolidar una presencia logística permanente, ganar influencia sobre corredores marítimos, puertos e infraestructura crítica y fortalecer su proyección global. Advierten que inversiones civiles pueden adquirir un carácter de “doble uso”, es decir, servir tanto a fines comerciales como a objetivos estratégicos, de inteligencia o de seguridad.
Como antecedente regional se menciona el megapuerto de Chancay, en Perú, construido y operado por la estatal china Cosco Shipping. Ese desarrollo fue seguido con inquietud por Estados Unidos, que observa con recelo el rol creciente de empresas estatales chinas en infraestructura considerada estratégica para la seguridad continental.
Reclamos del sector naviero y el pedido de una reforma integral
En paralelo, la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) manifestó preocupación por la posible apertura del cabotaje a buques extranjeros. Desde la entidad insisten en que cualquier cambio al régimen vigente debe enmarcarse en una reforma logística integral, que aborde las causas estructurales de los sobrecostos argentinos.
- Reducción de costos logísticos sin perder control sobre áreas sensibles.
- Promoción de inversiones de largo plazo y ampliación de la flota local.
- Corrección de asimetrías laborales, fiscales y portuarias.
- Simplificación regulatoria en la cadena fluvial y marítima.
Las empresas del sector recuerdan que más del 80% de los países con litoral marítimo reserva el cabotaje para sus propios pabellones, al considerar a la marina mercante un activo estratégico para la seguridad económica y la resiliencia logística. Estados Unidos —con su histórica Ley Jones— y la Unión Europea refuerzan sus flotas nacionales y protegen la infraestructura portuaria como parte de su autonomía estratégica.
“Una apertura sin reciprocidad podría incrementar la dependencia de flotas internacionales y exponer al comercio argentino a mayor volatilidad y vulnerabilidades externas”, advirtieron fuentes del sector naviero.
En este marco, analistas y empresarios coinciden en que la discusión sobre el cabotaje no debería reducirse a un ajuste de costos, sino integrarse a una estrategia de desarrollo marítimo de largo plazo, que combine competitividad con defensa de la soberanía y protección de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
