Fintech defendieron tasas y alertaron por impacto de una nueva ley
NewsITe
Representantes del sector financiero no bancario y de las fintech expusieron en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde relativizaron el crecimiento de la morosidad en los hogares y defendieron las altas tasas de interés como parte de los costos y riesgos propios de la actividad. La discusión se dio en el marco de los proyectos impulsados por la oposición para regular la situación de millones de familias endeudadas.
Convocados por el oficialismo, los voceros de cámaras bancarias, de medios de pago, billeteras virtuales y emisoras de tarjetas de crédito alertaron que una intervención legislativa fuerte podría restringir aún más el crédito formal y empujar a los sectores más vulnerables hacia prestamistas informales. Al mismo tiempo, destacaron que ya aplican planes de refinanciación y estrategias de contención para usuarios con dificultades de pago.
El gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, sostuvo que “no hace falta una ley” para enfrentar la morosidad. Señaló que, según datos del sector, ya se concretaron alrededor de 500.000 refinanciaciones y advirtió que una norma que altere contratos entre privados podría generar una fuerte retracción del crédito. También rechazó que las tasas bancarias sean tan desmedidas como sostienen algunos proyectos opositores, argumentando que limitar demasiado los intereses empuja a los deudores al mercado paralelo.
Desde la Cámara de Medios de Pago, su directora ejecutiva, Luciana Ríos, reconoció que la preocupación por la morosidad es legítima porque afecta el consumo de los hogares, pero remarcó que no existe una “solución única”. En esa línea, puso el foco en la necesidad de mejorar la educación financiera, transparentar la información que reciben los usuarios y ofrecer herramientas que les permitan tomar mejores decisiones al endeudarse.
Datos de morosidad, rol de las billeteras y advertencias sobre el crédito informal
El director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, Mariano Biocca, brindó cifras del sector y subrayó que los usuarios de billeteras virtuales son, en su mayoría, pequeños ahorristas que buscan resguardarse de la inflación más que inversores sofisticados. Detalló que unas 5 millones de personas registran algún grado de irregularidad en el sistema crediticio, de las cuales 2,4 millones corresponden a préstamos otorgados por billeteras digitales. Aun así, remarcó que esos créditos representan solo el 16% del total de la masa prestada.
Biocca defendió el aporte de las fintech a la inclusión financiera al recordar que, gracias a estas herramientas, se incorporaron millones de personas al sistema formal, muchas de las cuales pudieron construir por primera vez un historial crediticio. Según el directivo, el 90% de los usuarios con problemas de pago cuenta hoy con algún esquema de refinanciación o asistencia, con el objetivo de evitar daños irreversibles sobre su perfil financiero.
En paralelo, advirtió que una restricción severa al crédito formal no eliminaría las necesidades de financiamiento: simplemente las canalizaría hacia el circuito informal, con costos y riesgos mucho mayores. “Argentina necesita más crédito formal, no menos”, fue uno de los mensajes que atravesó la presentación.
Tarjetas no bancarias y la discusión por la regulación pública
El director ejecutivo de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo No Bancarios (CERTACYC), Norberto Echegoyen, recordó que el sector que representa entre el 25% y el 30% de las tarjetas del país también enfrenta un aumento de la mora. Reconoció que el crecimiento del crédito vino acompañado de una suba “no conveniente” de la morosidad, pero remarcó que el objetivo de las emisoras es mantener a los clientes dentro del sistema formal y evitar su expulsión.
Echegoyen consideró que las vías judiciales resultan ineficaces para el cobro a personas sin ingresos formales o bienes embargables, y sostuvo que, en esos casos, iniciar demandas suele encarecer aún más las pérdidas. En cambio, defendió los esquemas de renegociación y educación financiera como herramientas para reducir gradualmente la mora sin romper la relación con los usuarios.
Desde la vereda opuesta, la diputada de Unión por la Patria y ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, planteó que la magnitud del problema exige una respuesta estatal de carácter general. Señaló que la morosidad crece desde hace más de un año “de modo geométrico” y cuestionó la brecha entre el costo de fondeo de las entidades y las tasas finales que aplican a los consumidores, que en algunos casos superarían el 700% de Costo Financiero Total (CFT).
- El sector financiero defiende la autorregulación y los acuerdos caso por caso.
- La oposición reclama una ley para aliviar a casi 6 millones de deudores.
- Las fintech destacan su rol en la inclusión financiera y el crédito formal.
“Es imprescindible que haya una intervención política. No solo no queremos que la gente caiga en manos de la usura, sino que tampoco queremos que la usura se disfrace de formalidad”, advirtió la diputada Kelly Olmos al reclamar una solución colectiva y de alcance nacional.
El debate en Diputados dejó en evidencia la tensión entre la necesidad de proteger a los hogares endeudados y la preocupación del sistema financiero por sostener el crédito formal. En las próximas semanas, el Congreso deberá resolver si avanza o no con una regulación más estricta sobre las tasas, los esquemas de refinanciación y la situación de los deudores, en un contexto de alta inflación y fuerte deterioro del poder adquisitivo.
