Los bloques de concejales de Unión por la Patria y el Frente de Todos presentaron un proyecto de resolución para repudiar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Hubo debate en el recinto del concejo deliberante. “Tal vez el miedo pase porque las cuentas no están claras”, soltó el concejal libertario Maciel Deatriz.
De la redacción de EL NORTE
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Como ingreso de último momento, el Concejo Deliberante de San Nicolás dio estado parlamentario este jueves a un proyecto de resolución impulsado en conjunto por los bloques de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Todos (FdT), centrado en una expresión de repudio contra el veto presidencial a la Ley Nacional de Financiamiento a Universidades.
Durante la sesión que el deliberativo local celebró este jueves, sólo se votó el ingreso de la iniciativa: el proyecto será ahora analizado en la comisión de Legislación General que se reúne los martes y que preside la concejal Malena Albert, integrante del bloque de Juntos por el Cambio (JxC).
No obstante, ya hubo un intercambio de opiniones. “Lo que está sucediendo con las universidades nacionales en todo el territorio del país tiene que ver con un objetivo último que desconocemos, pero que podemos imaginar. El derrotero que está sufriendo hoy la universidad pública es preocupante, alarmante y desesperante. En este momento hay universidades públicas tomadas por los alumnos”, señaló la concejal Muriel Engelbrecht (FdT).
Y completó: “El Consejo Interuniversitario Nacional, mediante resolución plenaria de rectores, había solicitado $3,5 billones para este ejercicio anual. Pero hoy las universidades están ejecutando un presupuesto de $1,4 billones. Y con una pauta salarial que contempla un único aumento para docentes y no docentes del 16% desde febrero. Los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado nacional. Los salarios de más del 85% de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza”.
Barba y Comerio
Desde la bancada de JxC, el radical Agustín Barba también pidió la palabra. “Desfinanciar la universidad pública implica ponerla en una situación de desigualdad respecto de las instituciones privadas”, observó.
Y puso especialmente la mira sobre los diputados nacionales que este miércoles blindaron el veto presidencial luego de haber votado en su momento la sanción de la Ley que ahora daban de baja. “Son lo peor de la casta, lo que supuestamente este Gobierno venía a combatir. Lo que se vio fue un papelón: legisladores que 20 días antes levantaban la mano para argumentar en favor de una ley que ahora anulan apoyando un veto presidencial. En el medio hubo una reunión entre Mauricio Macri y Santiago Caputo que acordaron quién sabe qué y votaron como votaron. Nosotros los radicales también tenemos nuestra propia crítica hacia los legisladores nuestros: la Convención [nacional de la UCR] pidió una sanción ejemplar para estos cinco diputados. Y pasó lo mismo con legisladores peronistas y del kirchnerismo”, observó el radical Barba.
Cecilia Comerio, presidenta de bloque de UP, sumó al debate los conceptos que el pasado 2 de octubre hicieron públicos los estudiantes de la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional, durante la denominada «Marcha Federal Universitaria».
«La universidad pública, gratuita y de calidad es uno de los mayores logros de nuestro país y es en este espacio donde muchos de nosotros encontramos la posibilidad de soñar con un futuro mejor. Sin embargo, esta oportunidad está amenazada cuando no se destinan los recursos suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de las universidades», repasó Comerio, replicando fragmentos del discurso pronunciado en el playón de institución.
Deatriz
Desde la otra vereda política, fue el concejal Maciel Deatriz, miembro del bloque de La Libertad Avanza (LLA), el portavoz de la defensa de la política universitaria definida por el Gobierno nacional de Javiel Milei.
“La educación pública es importante para este Gobierno: por algo la categoriza como esencial. Existe un mito respecto del concepto de gratuidad que es necesario derribar. Nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. En este caso todos los argentinos aportamos a través del pago de los impuestos y contribuimos para que la educación sea pública y gratuita. Entonces, si yo contribuyo a eso, también tengo derecho a auditar, a conocer en qué se está gastando mi dinero. Tal vez el miedo pase porque las cuentas no están claras, no son transparentes. Utilizan para otras cosas el dinero de la educación. Muchos edificios [universitarios] se caen a pedazos aun cuando el dinero les llega. Lo que sucede es que usan ese dinero, por ejemplo, para financiar actividades partidarias, en lugar de invertir en educación. Ése es el problema real”, aseveró el concejal libertario.