Cúneo Libarona vincula la baja de imputabilidad con un mensaje de orden
NewsITe
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, respaldó el avance del proyecto de Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que “la ley tiene que transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga”. La iniciativa propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad de los menores frente a la comisión de delitos.
El debate sobre la responsabilidad penal juvenil vuelve así al centro de la escena política y judicial argentina. La propuesta oficial busca modificar el esquema vigente desde hace décadas, con el argumento de actualizarlo a la realidad del delito actual y enviar una señal de mayor previsibilidad y orden a la ciudadanía. Según el enfoque del Ministerio de Justicia, el sistema debe combinar herramientas de sanción con programas de reinserción y acompañamiento para los adolescentes en conflicto con la ley.
En sus declaraciones, Cúneo Libarona remarcó que el nuevo régimen apunta a dejar en claro que las conductas delictivas tienen consecuencias concretas, aun cuando los autores sean menores de edad. La discusión se da en un contexto de fuerte preocupación social por la inseguridad y por hechos delictivos que involucran a jóvenes, lo que reaviva reclamos de distintos sectores para endurecer penas y revisar el rol del Estado en la prevención.
Debate político y judicial en torno al Régimen Penal Juvenil
La propuesta genera posiciones encontradas entre especialistas en derecho penal, organizaciones de derechos humanos y actores del sistema judicial. Mientras el Gobierno sostiene que la baja de la edad de imputabilidad puede contribuir a reducir la impunidad y ordenar el sistema, críticos advierten sobre el riesgo de criminalizar aún más la pobreza y de no abordar de raíz las causas que empujan a muchos adolescentes al delito.
- Reforma del régimen para menores que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
- Énfasis oficial en transmitir un mensaje de responsabilidad y consecuencias ante la comisión de delitos.
- Advertencias de especialistas sobre la necesidad de políticas integrales de inclusión y prevención.
En el Congreso se anticipa una discusión intensa, en la que se cruzarán miradas de seguridad, justicia y políticas sociales. Distintos bloques reclaman conocer en detalle el articulado del proyecto y su esquema de sanciones, medidas socioeducativas y garantías procesales para los adolescentes. También se espera la opinión de jueces de menores, fiscales y defensores oficiales, actores clave en la aplicación cotidiana de este tipo de normas.
“La ley tiene que transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga”, sostuvo el ministro de Justicia, en alusión a la necesidad de reforzar el mensaje de responsabilidad penal.
La iniciativa aún se encuentra en etapa de elaboración y discusión, por lo que se prevé que en las próximas semanas se conozcan mayores precisiones sobre su alcance, su implementación y las eventuales reformas complementarias en materia de políticas sociales, educativas y de seguridad. La noticia permanece en desarrollo y el debate promete ser uno de los ejes centrales de la agenda legislativa en los próximos meses.
