Cuba avanza con reformas en un escenario de máxima presión
NewsITe
El Gobierno de Cuba ingresó en la que define como la etapa “más importante y tal vez la más difícil” de su plan de transformaciones económicas y sociales. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, defendió ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el paquete de 176 medidas ya aprobadas, en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la persistente crisis interna.
De acuerdo con lo expuesto por el jefe de Gobierno, más del 90% de las normas jurídicas previstas ya está en vigor. El desafío central pasa ahora por garantizar la aplicación efectiva de cada disposición, corregir desvíos y medir el impacto real de las reformas en la vida cotidiana, todo ello bajo el peso del recrudecimiento del bloqueo y de nuevas presiones financieras internacionales.
Marrero Cruz subrayó que durante el primer semestre del año la isla estuvo sometida a una agresión reforzada de Washington, en particular a partir de la orden ejecutiva 14.404, vigente desde el 1° de mayo. Esa disposición integra un sistema de sanciones secundarias que apunta no solo a Cuba, sino también a empresas y personas extranjeras que mantengan vínculos comerciales con el país, afectando sectores estratégicos como energía, agroalimentos, turismo, finanzas y salud.
Más autonomía para la empresa estatal y expansión del sector privado
En el marco de la actualización del modelo económico, el Gobierno otorgó nuevas facultades a la empresa estatal. Entre ellas se destacan la posibilidad de definir sus propios sistemas salariales, fijar precios y tarifas, realizar inversiones financieras, decidir el destino de las utilidades y determinar la finalización del vínculo laboral de los trabajadores, siempre dentro de los principios establecidos y con participación sindical.
Según el primer ministro, se eliminaron restricciones en materia de salarios, de modo que el fondo remunerativo pasa a depender, principalmente, de la capacidad económica y financiera de cada firma, tras acuerdo con el sindicato. Esta reforma es presentada como el cambio más profundo en organización del trabajo y política salarial de los últimos años, acompañado por un decreto-ley que regula la organización y funcionamiento de la empresa estatal socialista.
En paralelo, se avanzó en la consolidación de las formas de gestión no estatal. Fueron aprobadas todas las mipymes y cooperativas no agropecuarias que permanecían pendientes y cumplían con los requisitos oficiales, con lo que Cuba supera ya las 15.000 entidades privadas y cooperativas. Además, se flexibilizaron las actividades permitidas, se eliminaron 46 prohibiciones y se modificaron parcialmente otras 36, con el objetivo de ampliar el aporte de este sector al desarrollo económico y social.
Planificación, incentivos y foco en la recuperación del turismo
El diseño oficial insiste en que Cuba no renuncia a la planificación central, aunque transita hacia un modelo más flexible, basado en incentivos y con mayor autonomía para las empresas. Entre las decisiones adoptadas figura la descentralización de la aprobación de inversiones para compañías estatales, proyectos con capital extranjero y gobiernos locales, que podrán avanzar según sus propias capacidades financieras.
Otro eje de la reestructuración es la reorganización de la Administración Central del Estado, con el propósito de hacer más eficiente la gestión gubernamental, reducir estructuras y separar de manera más nítida las funciones estatales de las empresariales, en línea con experiencias de otros países que combinan planificación y mercado.
El turismo, históricamente una de las principales fuentes de ingresos de la isla, aparece como un sector clave para la recuperación. Durante la sesión parlamentaria se informó que ya se aprobaron diez de las 13 transformaciones previstas para esta actividad, entre ellas incentivos tributarios para proyectos de ecoturismo y otras modalidades especializadas, la autorización de servicios privados de alquiler de autos, la regulación de agencias de viajes privadas y la certificación oficial de guías turísticos y agentes de ventas.
Asimismo, se creó una contribución especial del 1% destinada a financiar la sostenibilidad, promoción y posicionamiento de los destinos cubanos. Pese a estas medidas, la coyuntura sigue siendo crítica: el 73% de las instalaciones hoteleras permanece cerrado y alrededor de 25.000 trabajadores están en situación de disponibilidad. Según las autoridades, la política de “máxima presión” de la Casa Blanca llevó a que siete cadenas internacionales se retiraran del país, lo que representa casi la mitad de las habitaciones que operaban bajo gestión extranjera.
“Comienza la etapa más importante y tal vez la más difícil”, advirtió Marrero Cruz, al remarcar que el éxito de las reformas dependerá de su aplicación efectiva en medio de un escenario externo cada vez más adverso.
Con un tejido productivo tensionado, un turismo golpeado y nuevas restricciones financieras, el Gobierno cubano apuesta a que la combinación de mayor autonomía empresarial, expansión del sector privado regulado y nuevos incentivos logre, a mediano plazo, encaminar la recuperación económica sin abandonar el esquema de planificación que define al modelo socialista de la isla.
