Elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura: cómo será la votación
NewsITe
El próximo 20 de octubre, los abogados y abogadas con matrícula federal activa en todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo clave encargado de seleccionar jueces y controlar el desempeño de la magistratura. Se renovarán las cuatro bancas correspondientes al estamento de la abogacía para el período 2026-2030, en una contienda atravesada por alianzas políticas, disputas internas y fuerte presencia del interior del país.
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La elección se realizará bajo la modalidad de distrito único nacional, con un padrón provisorio cercano a los 184 mil profesionales habilitados para votar. Podrán sufragar de 9 a 18 en unos 96 lugares de votación distribuidos en todo el territorio argentino. El sufragio será individual, personal, voluntario y secreto, y definirá a quienes integrarán el cuerpo de 20 miembros que interviene en los concursos para cubrir vacantes judiciales y en los procesos disciplinarios y de acusación contra magistrados.
El comicio marcará el cierre del mandato de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Grau y Maques habían asumido en 2024 para completar los lugares que dejaron vacantes el fallecido Héctor Recalde y el renunciante Miguel Piedecasas. La nueva integración será determinante para el equilibrio de fuerzas dentro del Consejo, en un contexto de tensión política sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Las cuatro listas que competirán el 20 de octubre
El cierre de listas, concretado el 14 de septiembre ante la Junta Electoral con sede en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), dejó confirmadas cuatro boletas, cada una con cuatro candidatos titulares y cuatro suplentes, cumpliendo con cupos de género y representación federal y con el requisito de reunir al menos mil avales de cinco colegios distintos. La distribución de las bancas se hará mediante el sistema D’Hondt.
- Abogacía Federal (Lista 1): encabezada por el platense Fernando Pablo Levene, ex presidente del Colegio de Abogados de La Plata e integrante de la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense desde 2026. Lo acompaña como segunda titular Sandra Silvina París, secretaria de Relaciones Institucionales de la UNLP, ex diputada provincial y ex consejera de la Magistratura bonaerense. Completan los lugares titulares Eduardo Daniel Awad, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y la cordobesa Myriam Beatriz Londero. El espacio se presenta como una construcción federal, con eje en la independencia del estamento, concursos menos discrecionales, respeto del orden de mérito, auditorías a juzgados y modernización de la gestión judicial.
- Abogacía por la Libertad (Lista 2): expresamente identificada con La Libertad Avanza, lleva al frente al concejal de Vicente López Luis Alberto Palomino, ex subsecretario de Empleo de la Nación y ex candidato a senador provincial bonaerense. Lo secunda Valeria Fredes, ex vicepresidenta ejecutiva del INTI durante la gestión de Javier Milei. También integran la nómina como titulares Martín Javier Buscemi, de San Rafael, y Alicia María Susana Colazo, matriculada en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Palomino plantea como objetivo representar a los abogados, defender el mérito y la idoneidad y contribuir a que la Justicia recupere la confianza social.
- Unidad en Defensa de la Abogacía (Lista 3): fue presentada sobre el cierre del plazo, el 14 de septiembre a las 13.24. Postula como primer candidato al administrativista Alberto Biglieri, de CABA, ex consejero de la Magistratura porteña (2019-2023) y actual interventor judicial de la UOM. Lo secundan, entre otros, Claudia Ester Sarmiento (San Juan), funcionaria provincial y referente de Abogados en Acción; y Nazario Eduardo Bittar, reelecto presidente del Colegio de Abogados de Córdoba y con apoyos en sectores sindicales y colegiales. El espacio propone reformar el Reglamento de Concursos, equiparar la trayectoria entre abogados de matrícula y funcionarios judiciales, limitar la discrecionalidad de las entrevistas e impulsar un Código de Ética Judicial, junto con estadísticas de desempeño y modernización con supervisión humana de nuevas tecnologías.
- Abogacía Unida y Dignidad Profesional (Lista 4): tiene como figura principal a Amalia Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María y especialista en derecho laboral. En segundo lugar se ubica Jorge Gabriel Rizzo, ex titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura porteño. Completan la lista la salteña Julia Tamara Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe. La nómina articula dirigentes del interior con referentes de Gente de Derecho y vínculos con el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.
Un mapa político y federal detrás de la elección
Detrás de cada boleta se despliega un entramado que combina colegios profesionales, cajas forenses, universidades y espacios partidarios. El peronismo no logró unificar su representación y aparece dividido en dos estructuras: una asociada a sectores cercanos a Diego Molea y Martín Llaryora, que convergen en Abogacía Federal, y otra que se referencia en Olmos y dirigentes de La Cámpora, alineados con Abogacía Unida y Dignidad Profesional.
Unidad en Defensa de la Abogacía concentra figuras del radicalismo, de la política colegial porteña y de colegios del interior, con el peso de Bittar en Córdoba y apoyos atribuidos a espacios vinculados a Daniel Angelici y a la actual consejera Jimena de la Torre. En tanto, Abogacía por la Libertad se presenta como el intento más directo de La Libertad Avanza por tener una voz propia en el estamento de los abogados dentro del Consejo.
Un dato llamativo es la fuerte presencia cordobesa: tres de las cuatro listas incluyen candidatos de esa provincia, lo que cobra relevancia frente a las vacantes federales y causas locales que el próximo Consejo deberá tratar. La Junta Electoral deberá ahora completar la oficialización de las nóminas y luego comenzará una campaña dirigida a un padrón numeroso pero históricamente de baja participación, en una elección que puede redefinir las mayorías internas del organismo que selecciona jueces y controla el desempeño de la magistratura.
La elección del 20 de octubre pondrá en juego el peso relativo de las principales fuerzas políticas y colegiales en el órgano que define quiénes serán los futuros jueces y cómo se controlará su actuación.
Mientras avanza el cronograma electoral, los distintos espacios ajustan sus estrategias para acercarse a una abogacía federal diversa y atravesada por demandas comunes: mayor transparencia en los concursos, celeridad en la cobertura de vacantes y una Justicia más cercana a la ciudadanía.
