Existe un impuesto que es el más distorsivo de nuestro sistema tributario. ¿Qué medidas de alivio fiscal se pueden tomar? ¿Es mito o realidad que cada vez más empresas se van a Uruguay?
Por Christian Vignolo
El Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios es sin dudas el impuesto nacional más distorsivo de nuestro sistema tributario, y preocupa que con $ 115.932 millones recaudados según el último Informe de Recaudación publicado por AFIP (3er. Trimestre 2020), se ubica tercero detrás de IVA y Ganancias, lo cual denota un desequilibrio en la consideración de la capacidad contributiva, ya que este impuesto no capta ningún atributo de aquella, sino que solamente grava los movimientos de fondos en cuentas bancarias.
En lo que respecta a los impuestos provinciales, las distorsiones del Impuesto a los Ingresos Brutos es lo que más se destaca ya que, de por sí, su existencia nos remite a recordar sus características de Plurifásico (afecta a toda la cadena de producción y servicios por el efecto de su traslado), Indirecto (quien lo liquida no es quien lo paga, lo traslada al precio) y Regresivo (el último eslabón soporta el impuesto sin considerar su capacidad contributiva).
Si bien el Consenso Fiscal 2022 no acompaña la idea de reducción ni de corrección de las distorsiones provocadas por alícuotas diferenciales o incrementadas o tratamientos diferenciales de Ingresos Brutos, no podemos dejar de mencionar las incertidumbres que provocan determinados cambios de criterios adoptados por la Comisión Arbitral en el marco del Convenio Multilateral (se contraponen con los adoptados en distintas épocas en vez de dar por cerrada una situación en particular).
También el “impuesto inflacionario” provocado por la financiación del Tesoro con emisión monetaria es un aspecto muy distorsivo que además no cumple con el principio de legalidad, es decir, no está aprobado por el Congreso.
Medidas de alivio
En primera medida, deberá establecerse un plan económico concreto, central y unificado que abarque cuestiones que permitan bajar y alivianar la presión impositiva para promover la inversión, la variable más golpeada, algo no muy sencillo en el contexto macroeconómico actual.
Actualmente el déficit fiscal argentino es del 3% del PBI según el Resultado Fiscal Diciembre 2021 publicado por el Ministerio de Economía. De dicho informe se nota claramente que los Gastos Corrientes superan en un 46% a los Ingresos Corrientes, pero si solo se consideraran Ingresos Tributarios y de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, dicho porcentaje se eleva al 60,30%. Dentro de dichos Gastos Corrientes, los subsidios (Transferencias Corrientes al Sector Privado) representan el 31,13%.
Por lo tanto, considerando que no hay financiamiento genuino sostenible ni reservas que sostengan estos niveles de déficit fiscal y una brecha cambiaria cerca del 100%, primero debería considerarse cerrar un acuerdo con el FMI postergando vencimientos, lo cual indefectiblemente deberá ir acompañado no solo de un ajuste de las partidas más significativas de los gastos, sino que sería conveniente que el fisco focalice más su poder de fiscalización y control en los sectores de la economía en los que considere la existencia de una importante evasión de tributos y, adicionalmente, tomar la decisión política de achicar la brecha cambiaria, lo cual en conjunto colaboraría a que no repercuta tanto en el tamaño de los recortes.
Esto debe ir acompañado de unas medidas de reforma fiscal que garanticen la reactivación de la actividad económica, especialmente la atracción de inversiones, que sería bajando impuestos nacionales (Ganancias y Contribuciones Sociales), eliminando los más distorsivos y replantear el Consenso Fiscal para bajar impuestos provinciales, pero replanteando el Convenio Multilateral junto al sistema de la Ley de Coparticipación Federal.
