Quirno le respondió a Di Tullio en medio de la polémica por un contrato en Cancillería
NewsITe
El cruce entre el canciller Pablo Quirno y la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio volvió a escalar este lunes, a partir de la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para brindar capacitaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo que disparó sospechas de posible conflicto de intereses.
Di Tullio anunció que presentará una denuncia en la Justicia y cuestionó duramente la adjudicación, mientras que Quirno defendió el procedimiento administrativo y sostuvo que están “todos los requisitos cumplidos” en la contratación pública. El vínculo familiar y el monto del acuerdo –nueve meses de servicios por un total de $114.044.133– colocaron la discusión en el centro de la agenda política.
En un intercambio por la red social X (ex Twitter), el canciller citó documentación interna de Cancillería y respondió a la legisladora: “Lea esto y por ahí se ahorra tiempo que puede utilizar para la Fundación a la que pertenece o en no dar consejos que no le piden. Todos los requisitos cumplidos”. El mensaje estuvo acompañado por un informe en el que se afirma que el trámite se ajustó al Decreto 202/2017, que regula los mecanismos de integridad y transparencia en casos de posibles conflictos de interés.
Los detalles del expediente y el rol de los organismos de control
La contratación de la AACI se tramitó mediante una adjudicación simple por especialidad, modalidad prevista para casos en los que se requiere una capacidad técnica específica. Debido a que la propuesta presentada al Ministerio fue elaborada por la esposa de Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad contemplado en el decreto mencionado, que incluye la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según el informe que difundió Quirno, los organismos de control concluyeron que el expediente cumplió con las exigencias formales y que se encontraba “debidamente encaminado” el mecanismo adicional de transparencia. Para el canciller, esto despeja las sospechas sobre la legalidad del proceso y respalda la decisión de contratar a la entidad educativa.
Críticas opositoras y acusaciones de “choreo”
Desde la oposición, Di Tullio tomó como base la documentación oficial recopilada por la prensa y cuestionó tanto el monto como la elección de la institución vinculada a la familia de Sturzenegger. Con tono irónico, la senadora comentó que “de la familia de Sturzenegger capaz que es la única que tiene la ‘especialidad’ de hablar inglés” y calificó la maniobra como “un choreo de acá a Júpiter”.
En respuesta, Quirno insistió en que el procedimiento fue revisado y validado por los organismos competentes y volvió a pedirle a la legisladora que “lea” el informe antes de avanzar con denuncias públicas. El Gobierno busca cerrar así un frente de cuestionamientos en medio de la discusión por las reformas estructurales y los recortes del gasto, mientras la oposición anticipa que llevará el caso a la Justicia para que se determine si, más allá de la formalidad administrativa, existió o no un beneficio indebido.
“En virtud de lo expuesto, cabe concluir que en el procedimiento analizado se han cumplido acabadamente las previsiones establecidas en el Decreto 202/2017 y se halla debidamente encaminado el mecanismo adicional de transparencia pendiente de adopción”, señala el documento que difundió Quirno.
El episodio suma un nuevo capítulo a la tensión entre el oficialismo y Unión por la Patria en el Congreso, en un contexto de fuerte polarización política y de creciente escrutinio sobre los vínculos entre el sector público y privado en contrataciones estatales.
