Cruce en Tucumán por ley contra noticias falsas en campañas

Polémica en Tucumán por un proyecto sobre desinformación electoral

Debate político en Tucumán por proyecto sobre noticias falsas en campañas electorales

NewsITe

La escena política tucumana ingresó en una nueva tensión a partir de un proyecto de ley que busca sancionar la difusión de contenidos falsos durante las campañas electorales. La iniciativa, impulsada por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse, ya cuenta con dictamen de comisión y desató un fuerte rechazo por parte de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia.

Desde el espacio libertario difundieron un comunicado bajo el título “La libertad no se negocia. No nos van a callar”, en el que se declararon “en estado de alerta” y expresaron su “profunda preocupación” por la propuesta oficialista. Sostienen que el texto “representa una grave amenaza contra la libertad de expresión y de prensa, y un preocupante avance sobre los derechos y garantías constitucionales de todos los tucumanos”.

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Según plantean desde LLA, el proyecto habilitaría la intervención de la Justicia a pedido del Gobierno provincial para intimar a ciudadanos a borrar publicaciones, opiniones o videos de las redes sociales en el marco de los procesos electorales. Consideran “inadmisible que sea el mismo Gobierno Provincial, mediante un juez, quien pueda determinar qué se puede decir y qué no de manera completamente arbitraria”.

En esa línea, remarcaron que en la República Argentina rige la división de poderes y que ya existen herramientas legales para que cualquier persona que se considere afectada por una publicación acuda a la Justicia. Por eso, advierten que no es necesario crear nuevos mecanismos que, a su entender, podrían convertirse en instrumentos de censura o intimidación y en un “artilugio para ejercer la censura de manera elegante”.

La réplica de Vargas Aignasse y el eje en la inteligencia artificial

Frente a las críticas, la legisladora Carolina Vargas Aignasse salió a responder a través de su cuenta en la red social X. Allí subrayó que “la libertad de expresión es un derecho constitucional”, pero diferenció esa garantía de lo que definió como “mentira deliberada para manipular a los ciudadanos con inteligencia artificial”.

Para la autora del proyecto, es llamativo que La Libertad Avanza hable de censura cuando, según indicó, “existen antecedentes documentados de circulación de noticias falsas, videos manipulados y operaciones de desinformación electoral en redes sociales, incluso desde espacios vinculados a su propio sector político”.

Vargas Aignasse precisó que el objetivo de la iniciativa no es perseguir opiniones ni silenciar críticas, sino sancionar la difusión intencional de contenidos falsos o manipulados que puedan engañar a los electores y afectar el normal desarrollo de una elección. Además, aclaró que la libertad de expresión, la sátira y la parodia política están “expresamente protegidas” en el texto.

Debate abierto sobre regulación y libertades

La discusión en Tucumán se inscribe en un debate más amplio que atraviesa a democracias de todo el mundo: cómo enfrentar la desinformación electoral, potenciada ahora por el uso de inteligencia artificial, sin vulnerar derechos básicos como la libertad de expresión y de prensa.

Especialistas en derecho constitucional advierten que el desafío pasa por encontrar equilibrios normativos que permitan combatir campañas organizadas de noticias falsas –capaces de incidir en el voto ciudadano–, pero evitando herramientas que se presten a arbitrariedades o perseguidoras de la crítica política. En este marco, el proyecto tucumano y la reacción que generó anticipan una discusión que promete extenderse tanto en la Legislatura provincial como en el escenario nacional.

“La democracia necesita libertad de expresión, pero también ciudadanos que puedan decidir sin ser engañados”, remarcó Vargas Aignasse, mientras desde La Libertad Avanza insisten en que la propuesta implica un riesgo de censura y un precedente de enorme gravedad institucional.

Con posiciones firmes de ambos lados, el tratamiento legislativo del proyecto se presenta como uno de los debates clave de la agenda política tucumana en materia de derechos, garantías constitucionales y calidad democrática.

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