La vicepresidenta Cristina Kirchner se opuso a la elevación a juicio parcial de la investigación por el intento de homicidio que sufrió el 1° de septiembre del año pasado.
“En el ejercicio de nuestros derechos como acusación privada, nos opondremos a la elevación de la causa a juicio. Por un lado, porque entendemos que está pendiente la producción de muchas medidas de prueba sumamente relevantes. Por otro lado, porque consideramos que elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y que daña el descubrimiento de la verdad”, sostuvo su abogado, José Ubeira.
No obstante, el escrito manifiesta que, ante la posibilidad de que se considere concluida la investigación con las imputaciones sólo contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gastón Carrizo, la querella acusará a los tres “con el fin de mantenerlo para la instancia oral”.
Ubeira sostuvo que “lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación”.
“La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes. De hecho, si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque”, añadió el extenso escrito.
“Todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?”, se preguntó el abogado.
Entre las pruebas pendientes de producción, según la querella, “está una de enorme importancia: la posibilidad de recuperar el contenido del celular de Sabag Montiel. El trámite para una potencial recuperación del contenido todavía está en curso y el intercambio de oficios con dependencias estadounidenses que podrían colaborar está siendo llevado a cabo ahora mismo”.
“Está claro que no es posible elevar la causa cuando resta la posibilidad de que pueda llevarse adelante una prueba clave para la clarificación de lo sucedido”, conjeturó.
Entre las pruebas pendientes de producción, Ubeira enumeró ampliar la declaración del testigo que dijo haber escuchado al diputado Gerardo Milman dos días antes del atentado decir: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.
También reclamó profundizar la pista sobre “la regla Tueller”, a la que definió como “una técnica de disparo en escasos tiempo y espacio, que fue traída a la Argentina por el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando Milman era funcionario de esa cartera”.
Anotaciones sobre “la regla Tueller” fueron halladas en un allanamiento a las viviendas de los imputados.
Ubeira también pidió “medidas relativas a los mensajes y declaraciones de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz”, secretarias de Milman que presuntamente lo acompañaban cuando el testigo le escuchó aquella frase.
Finamente, hizo hincapié en “los documentos falsos en poder de Sabag Montiel y de Carrizo”, en la suposición de que ello pudiera tener vinculación con alguna forma de planificar anónimamente, encubrir o disimular la participación en el intento de homicidio.
Además, insistió en vincular las actividades de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el supuesto armado de la logística del atentado.
Más allá de oponerse a la elevación a juicio, la querella igualmente formuló la acusación, pues, en el caso de no hacerlo y que la jueza María Eugenia Capuchetti considere agotada la investigación, Cristina Kirchner se quedaría sin ejercer el rol de querellante.
“Es evidente la posibilidad de que la causa se eleve aun con nuestra oposición, dada la notoria voluntad de la jueza por deshacerse de la investigación y el evidente hecho de que correr la vista implica que la considera completa”, reflexionó Ubeira.
“Por ese motivo, para el exclusivo caso de que se dé esa situación, formularemos la acusación necesaria para conservar nuestras plenas facultades en el eventual debate oral”, culminó.