Vecinos exigen respuestas por pérdidas de agua en toda la ciudad
NewsITe
Vecinos y comerciantes de Añatuya, en Santiago del Estero, elevaron el tono de su reclamo por las roturas reiteradas de cañerías de agua potable que afectan tanto al centro como a distintos barrios de la ciudad. Las pérdidas constantes mantienen varias calles cubiertas de agua y, ante la falta de precisiones oficiales sobre un plan de reparación, lanzaron un ultimátum y advirtieron que podrían llevar la protesta a la vía pública.
La denuncia involucra a arterias clave como Gobernador Barraza, Pueyrredón, Pasaje Quinteros, Chacabuco y Gottau, con un impacto particular en el barrio Platense Oeste. Los frentistas aseguran que el líquido que corre sobre las calzadas proviene de la red de agua potable y no de pozos ciegos, lo que supone un desperdicio significativo de un recurso esencial. Mientras tanto, cuadrillas municipales realizan tareas de escurrimiento que solo alivian momentáneamente la situación, sin atacar el problema de fondo.
El conflicto puso bajo la lupa al gobierno provincial de Elías Suárez y al esquema de control del servicio. El intendente de Añatuya, Julio Castro, había pedido el 10 de agosto a la concesionaria Aguas de Santiago un corte programado de 24 horas para concretar un relevamiento técnico integral de la red. La empresa respondió ese mismo día que no podía disponer la interrupción por su cuenta y que cualquier maniobra requería la autorización previa del Ente Regulador de los Servicios de Agua y Cloacas (ERSAC), además de cuestionar la metodología propuesta.
Castro trasladó entonces el pedido formal al presidente del organismo regulador, Juan Domingo Roitman. En una nota fechada el 20 de agosto, solicitó autorización para suspender el suministro desde las 22 del lunes 24 hasta las 18 del martes 25, con el objetivo de localizar con precisión las fallas y ordenar un plan de reparación. Sin embargo, al 26 de agosto, cuando vecinos y comerciantes endurecieron su postura y amenazaron con manifestarse, todavía no se conocía una respuesta oficial del ente ni un cronograma concreto de obras.
Responsabilidades cruzadas y costo político
Aguas de Santiago es una sociedad de capital privado que posee desde octubre de 1997 una concesión por 30 años para brindar el servicio de agua y cloacas en once localidades de la provincia, entre ellas Añatuya. El 90 por ciento del paquete accionario está en manos de Sagua y el 10 por ciento restante pertenece a los propios trabajadores. Ese esquema delega la operación cotidiana en la empresa, pero mantiene al Estado provincial como responsable del control sobre un servicio público básico.
En 2024, la Provincia ya había intervenido directamente en la política hídrica local: el Ministerio de Obras Públicas y Agua, la Secretaría del Agua, el ERSAC y el Municipio firmaron un convenio para ampliar la red en el barrio Campo Rosso, en el marco de la expansión posterior al acueducto Simbolar-Añatuya. Aquella obra, financiada en su totalidad por el gobierno santiagueño, evidencia que el Estado sí tiene capacidad de acción en la infraestructura del servicio.
- Vecinos y comerciantes reclaman un plan de reparación urgente y visible.
- El Municipio responsabiliza a la falta de autorización del ente regulador.
- La concesionaria remite decisiones clave al ERSAC y evita cortar por su cuenta.
- La Provincia queda expuesta por el atasco administrativo y la ausencia de definiciones.
“No está probado que el gobernador haya causado las roturas ni que la empresa haya desobedecido una orden, pero sí existe una demanda ciudadana concreta frente a un servicio concesionado y fiscalizado por la Provincia”.
A la espera de una respuesta institucional que destrabe el operativo técnico y marque un calendario de obras, el malestar social crece en Añatuya. Las calles anegadas, el derroche de agua potable y la sensación de que las decisiones quedan atrapadas en trámites burocráticos configuran un escenario políticamente incómodo para la administración de Elías Suárez y reavivan el debate sobre cómo se controla, financia y garantiza un servicio esencial en el interior santiagueño.
