La Justicia consideró que la fiscalía no delimitó con claridad la imputación contra Graf y ordenó readecuar la solicitud para garantizar el debido proceso.
El fiscal había pedido que Graf sea indagado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia. Según la acusación, el imputado “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”. Sin embargo, el magistrado cuestionó la precisión de la imputación.
La presentación de Perrando subrayó que, pese a la prescripción de la acción penal, la fiscalía busca reconstruir los hechos. “Se procura arrojar luz sobre lo ocurrido a la víctima”, señala el escrito, que fundamentó la solicitud.
El juez sostuvo que la fiscalía describió los motivos y pruebas que sustentan la sospecha contra Graf. Pero remarcó que no delimitó adecuadamente los términos en que debía ser intimado el acusado.
Según el magistrado, esta falta de precisión puede afectar el derecho de defensa del imputado. Además, advirtió que también podría obstaculizar el propio avance de la investigación fiscal en etapas posteriores.
El juez aclaró que Perrando no imputó directamente a Graf, sino que realizó una calificación legal. Pero advirtió que toda medida debe contener una hipótesis delictiva concreta, indispensable para garantizar el ejercicio de la defensa.
El escrito judicial indicó que aún no están determinados los hechos específicos por los cuales se pidió indagar a Graf. En este sentido, enfatizó que la fiscalía debe precisar esos puntos de manera clara.
En su resolución, el magistrado también expresó dudas respecto a los dos abogados defensores de Graf. Estas observaciones se sumaron a las advertencias sobre la necesidad de resguardar la congruencia procesal.
Finalmente, el juez decidió devolver la causa a la fiscalía para que readecúe su planteo. Señaló que la medida busca evitar nulidades futuras y garantizar que el proceso avance sin vulnerar el debido proceso.
