Fuerte polémica por aranceles a medicamentos de alto costo
NewsITe
La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de comenzar a cobrar un arancel a la importación de medicamentos de alto costo y dispositivos médicos de alta complejidad encendió una fuerte polémica entre pacientes, gremios y prestadores de salud. La medida, instrumentada a través de la Disposición 5461/2026, también elimina las exenciones que regían hasta ahora para estos productos.
Según denunciaron organizaciones de pacientes y entidades sindicales, la nueva normativa derivó en la paralización de trámites clave para personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), muchas de las cuales dependen de estos insumos para sostener sus tratamientos. El impacto se siente especialmente en el sistema de salud privado y en las obras sociales, que advierten sobre una presión financiera adicional en un contexto ya crítico.
La disposición establece una tasa sobre el despacho a plaza calculada sobre el valor FOB de la mercadería, con una alícuota general del 1,5% y una reducida del 1,25% para operaciones de mayor volumen. A su vez, fija topes de 5 millones de pesos para productos médicos y de 12 millones de pesos para especialidades medicinales, lo que afecta en particular a los tratamientos más costosos y a los dispositivos de alta complejidad.
Desde el 1° de septiembre, fecha de entrada en vigencia de la medida, ANMAT comunicó internamente que no se aceptarán nuevas solicitudes de exención y que todas las ya otorgadas quedaron sin efecto. De esta forma, el pago del arancel se convierte en un paso obligatorio para la continuidad de cualquier expediente vinculado a la importación de estos insumos.
Trámites frenados y alerta por impacto en discapacidad
El problema se agrava porque, de acuerdo con las entidades del sector, aún no se definió el procedimiento administrativo ni el código de pago operativo para cancelar el nuevo tributo. En la práctica, esto dejó en suspenso numerosos trámites iniciados por particulares y familias de personas con discapacidad, sin un canal de atención claro ni plazos de resolución.
La medida abarca a las importaciones de mayor valor y complejidad, como los dispositivos médicos de Clase III y IV y medicamentos de alto costo que no cuentan con producción nacional. Para muchas patologías, estos insumos no tienen alternativa local, por lo que cualquier demora o encarecimiento puede traducirse en interrupciones de tratamientos esenciales.
Diferentes cámaras y asociaciones recordaron que la Disposición 5461/2026 podría colisionar con la Resolución 1388/97 del entonces Ministerio de Economía, que exime del pago de tasas aduaneras e impuestos a los productos destinados al tratamiento o rehabilitación de personas con discapacidad. En ese marco, anticipan posibles presentaciones administrativas y judiciales para frenar la aplicación del arancel.
Argumentos oficiales y contexto económico
Fuentes de ANMAT sostienen que la medida se enmarca en el proceso de desregulación iniciado en 2025, por el cual el organismo dejó de intervenir en productos de bajo riesgo (Clase I y II) para concentrar controles y aranceles en aquellos de mayor valor y complejidad. El objetivo declarado es reasignar recursos y modernizar la estructura del organismo, aunque sin aclarar de qué manera se garantizará el acceso de los pacientes más vulnerables.
La decisión llega en un momento en que obras sociales y prepagas intentan contener el aumento de costos, mientras se discute en el Congreso el Presupuesto 2027, que incluye eventuales cambios en el Nomenclador de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901 sobre discapacidad. Especialistas advierten que la combinación de mayores tributos, recortes y demoras administrativas podría traducirse en más barreras de acceso a terapias y dispositivos indispensables.
- Arancel del 1,5% sobre el valor FOB, con alícuota reducida del 1,25% para grandes volúmenes.
- Topes de 5 millones de pesos para productos médicos y 12 millones para especialidades medicinales.
- Suspensión de exenciones previas y trámites frenados por falta de un mecanismo de pago definido.
Gremios y asociaciones de pacientes advierten que la nueva disposición de ANMAT puede vulnerar derechos adquiridos de personas con discapacidad y agravar la situación financiera del sistema de salud.
Mientras siguen las negociaciones y reclamos, familias, prestadores y obras sociales aguardan definiciones concretas que permitan destrabar los expedientes y asegurar la continuidad de los tratamientos. El debate sobre el equilibrio entre control estatal, sustentabilidad económica y derecho a la salud vuelve a quedar en el centro de la escena.
