Manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, en La Paz, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos. El Gobierno denunció la presencia de grupos armados y la crisis ya genera problemas de abastecimiento.
Bolivia atraviesa una nueva escalada de conflictividad social y política luego de otra jornada de protestas e incidentes en el centro de La Paz, donde manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz se enfrentaron este lunes con fuerzas policiales.
Los disturbios se concentraron en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y la sede del Poder Legislativo. La zona permaneció bajo fuerte custodia policial y militar, mientras grupos de manifestantes intentaban romper el cerco de seguridad para ingresar al área.
Según reportaron medios locales, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a quienes avanzaban con piedras, palos, petardos y explosivos de fabricación casera. Como consecuencia de la situación, distintos edificios públicos debieron ser evacuados preventivamente.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de arresto contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y uno de los principales referentes de las movilizaciones. El fiscal general Roger Mariaca confirmó además que ya hay al menos 90 personas detenidas.
La crisis se originó hace dos semanas, cuando organizaciones sindicales, indígenas y vecinales comenzaron a reclamar un aumento salarial del 20% y la salida del mandatario, quien asumió el poder en noviembre pasado tras dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las protestas derivaron en bloqueos sobre rutas estratégicas en los alrededores de La Paz y El Alto, además de otros puntos del país. Según estimaciones locales, solo en esa región existen al menos 15 cortes activos, lo que ya provocó problemas de abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos.
Entre los sectores movilizados también aparecen seguidores del expresidente Evo Morales, quien actualmente tiene una orden de captura en una causa vinculada a corrupción de menores y permanece en la región de Chapare, considerada uno de sus bastiones políticos.
El Gobierno boliviano denunció además la presencia de grupos armados dentro de las manifestaciones. El vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró que algunos sectores “pasaron al uso de armas” y expresó preocupación por mensajes difundidos en redes sociales en los que se observan personas exhibiendo armamento y realizando consignas vinculadas a una eventual “guerra civil”.
Según indicó el funcionario, uno de los grupos identificados pertenece a los llamados “Ponchos Rojos”, una facción campesina aimara con organización de estilo militar que históricamente participó en protestas sociales en Bolivia.
