Aumenta la cantidad de presos en el sistema federal
La población alojada en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) volvió a crecer durante el primer semestre de 2026 y profundizó la sobreocupación del sistema. De acuerdo con el último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, a junio de este año había 12.319 personas detenidas en establecimientos federales, un 1,3% más que en el mismo período de 2025.
El reporte semestral, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada, advierte que el sistema cerró junio con una sobrepoblación del 6,8%. En términos concretos, eso implica 785 personas privadas de la libertad por encima de la capacidad de alojamiento declarada por el SPF, un dato que vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones de detención y el riesgo de hacinamiento.
Buena parte de este incremento fue absorbido por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema federal en diciembre de 2024. Ese establecimiento aumentó su ocupación en 115 personas durante el semestre, consolidándose como uno de los principales receptores de nuevos ingresos. En sentido contrario, la Unidad 17 de Candelaria redujo su población de 188 a 148 detenidos, es decir, 40 menos que a fines de 2025, lo que muestra dinámicas dispares entre los distintos complejos penitenciarios.
Condenas, procesados y jurisdicciones intervinientes
El informe de PROCUVIN detalla que 6 de cada 10 personas alojadas en cárceles federales cuentan con condena firme. En números absolutos, se trata de 7.927 detenidos. Otro 35,6% (4.391 personas) permanece bajo prisión preventiva en calidad de procesado, a la espera de una sentencia definitiva.
Comparado con el cierre de 2025, el número de personas condenadas creció un 3,2%, lo que equivale a 247 internos más. Al mismo tiempo, las prisiones preventivas tuvieron una leve baja del 2,1%, es decir, 94 personas menos en esa situación. Especialistas en derecho penal advierten que este tipo de variaciones deben leerse junto con la duración de los procesos y la política criminal de persecución del delito a nivel federal.
En cuanto a la jurisdicción interviniente, el 51% de la población alojada en el SPF se encuentra a disposición de la Justicia Nacional (6.277 personas), mientras que el 44% depende de la Justicia Federal (5.416 internos). El 5% restante, unas 626 personas, está bajo la órbita de juzgados provinciales o de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que evidencia la diversidad de competencias que confluyen en el ámbito penitenciario federal.
Mujeres, población travesti-trans y grupos vulnerables
El estudio también releva la composición de la población carcelaria según género e identidades. Al cierre de junio de 2026, había 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales. En conjunto, representan el 8,5% del total; el 91,5% restante corresponde a hombres.
- La cantidad de mujeres privadas de la libertad creció un 7,4% en el semestre.
- La población travesti-trans se mantuvo relativamente estable en comparación con 2025.
- Se registraron 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF.
- Otras 18 mujeres se encontraban detenidas junto a sus hijos e hijas.
La mayoría de estos casos se concentra en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, uno de los establecimientos que históricamente aloja a mujeres y personas de colectivos de diversidad. Organizaciones de derechos humanos vienen señalando la necesidad de reforzar políticas específicas para estos grupos, con enfoque de género y respeto por la identidad de género, así como garantizar el acceso a la salud, a la educación y a condiciones de detención adecuadas.
Jóvenes y personas extranjeras privadas de libertad
El relevamiento de PROCUVIN presta atención además a otros segmentos de la población carcelaria considerados particularmente sensibles. Entre los jóvenes de 18 a 21 años, se registró un incremento del 7,2%, grupo etario que hoy representa el 2,4% del total de personas detenidas en el sistema federal. Para especialistas, este dato obliga a revisar las políticas de prevención del delito juvenil y las estrategias de reinserción social para evitar que la prisión se convierta en un factor que agrave la exclusión.
Otro dato relevante del semestre es el comportamiento de la población extranjera alojada en cárceles federales. Según el informe, este grupo aumentó un 1% y alcanza actualmente a 1.962 personas. Se trata de un colectivo que, en muchos casos, enfrenta barreras adicionales de idioma, distancia con sus familias de origen y dificultades para acceder a defensas técnicas adecuadas.
Con un sistema que ya supera su capacidad declarada, el desafío para los poderes del Estado pasa por reducir el hacinamiento, agilizar los procesos judiciales y avanzar en alternativas a la prisión que permitan mitigar el impacto del encierro, en línea con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
