“La realidad que hoy atraviesan muchos pacientes oncológicos en Argentina es alarmante y refleja una crisis profunda del sistema de salud, tanto en organismos estatales como en obras sociales y prepagas. Hay personas que llegan a estar hasta seis meses sin poder iniciar tratamientos. Las consecuencias de estas demoras son enormes”, señaló a EL NORTE el Dr. Jerónimo Kalenberg desde el área legal de la asociación civil local ‘Lazos que nos unen contra el cáncer’.
De la Redacción de EL NORTE
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El Gobierno nacional recortó $5000 millones en tratamientos contra el cáncer, pero dice que la medicación está “garantizada”. No obstante, cada día se incrementa la judicialización de casos de pacientes oncológicos ante la imposibilidad de acceder a prestaciones básicas tanto de organismos del Estado como de obras sociales y prepagas. La situación se refleja en San Nicolás.
En diálogo con EL NORTE, el Dr. Jerónimo Kalenberg –desde el área legal de la ONG local ‘Lazos que nos unen contra el cáncer’– describió la problemática que afecta a cientos de personas en todo el país y nuestra ciudad: “Desde nuestra experiencia diaria trabajando junto a pacientes y familias, vemos cada vez más casos de personas que no reciben su medicación en tiempo oportuno, que sufren demoras excesivas en autorizaciones, interrupciones de tratamientos, negativas injustificadas de cobertura y obstáculos burocráticos incompatibles con la urgencia que requiere una enfermedad oncológica. En el último tiempo hemos visto un aumento sostenido de personas que se acercan buscando asesoramiento urgente porque no logran acceder a prestaciones básicas vinculadas a tratamientos oncológicos y enfermedades graves”.
“La realidad que hoy atraviesan muchos pacientes oncológicos en Argentina es alarmante y refleja una crisis profunda del sistema de salud, tanto en organismos estatales como en obras sociales y prepagas privadas. En salud hay una premisa fundamental: los tiempos médicos no son los tiempos administrativos. Un paciente oncológico no puede esperar meses una autorización mientras su enfermedad avanza. Sin embargo, hoy existen personas que llegan a estar hasta seis meses sin poder iniciar tratamientos indicados por sus médicos tratantes. Las consecuencias de estas demoras son enormes. No solamente impactan en la salud física de la persona, sino también en su situación emocional, familiar y económica. Muchas familias no pueden afrontar el costo de medicaciones o tratamientos de manera particular y terminan atravesando un proceso de agotamiento, angustia y resignación frente a un sistema que debería contenerlas y protegerlas”, precisó.
Y agregó: “Esto no sucede únicamente en el ámbito estatal. También vemos situaciones similares en obras sociales privadas y empresas de medicina prepaga. La problemática atraviesa a todo el sistema de salud”.
Máxima vulnerabilidad
Kalenberg notó que, además de la situación extremadamente sensible y urgente de los pacientes oncológicos, no se debe olvidar que “esta realidad también afecta a personas con discapacidad, pacientes con diabetes, fibrosis pulmonar y muchas otras patologías graves que requieren continuidad terapéutica y respuestas inmediatas”. “Además, no se trata solamente de adultos mayores. También vemos diariamente casos que involucran a menores de edad, recién nacidos y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuyos derechos muchas veces terminan dependiendo de largas gestiones administrativas o de la necesidad de acudir a la Justicia para obtener prestaciones básicas”, señaló.
“Trabajamos en conjunto con la Asociación Civil ‘Lazos que nos unen contra el cáncer’, acompañando a pacientes y familias que llegan atravesando situaciones de máxima vulnerabilidad. Muchas personas se acercan buscando orientación porque no saben cómo actuar frente a una negativa de cobertura o frente a demoras que ponen en riesgo la continuidad de sus tratamientos. Lo primero que intentamos transmitirles es que existen herramientas legales para proteger el derecho a la salud. La acción de amparo y las medidas cautelares permiten reclamar de manera urgente la entrega de medicación, autorizaciones y prestaciones médicas cuando las vías administrativas no brindan respuestas adecuadas o llegan demasiado tarde. Es importante destacar el enorme trabajo que realizan las organizaciones sociales y asociaciones civiles. Cuando hablamos de enfermedades graves, llegar tarde puede significar un agravamiento irreversible en la salud de una persona”, expresó.
Sin Instituto Nacional
Este año, el Instituto Nacional del Cáncer fue eliminado y sus tareas pasaron directamente al Ministerio de Salud. “Desde hace muchos años nos preocupa lo inequitativo y arbitrario que es el acceso a los medicamentos oncológicos –de alto costo–, por eso también nos preocupa que eso se deteriore aún más. Esta medicación salva, prolonga y mejora la calidad de vida de las personas con cáncer. Entonces, estamos expectantes de que la nueva medida no empeore lo que ya venimos viendo y de que no sume una dificultad adicional”, había manifestado el doctor Rubén Kowalyszyn, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.
La problemática de incumplimientos en el acceso a la salud, desde discapacidad hasta oncología, crece y las denuncias a obras sociales y prepagas se replican en todo el país. En CABA, los reclamos ante la Defensoría llevaron a abrir un servicio de patrocinio jurídico gratuito específico sobre el tema. En el sur, según Río Negro Diario, tanto en la Defensoría Federal de Bariloche como en la de Neuquén se triplicaron las presentaciones en los primeros meses de 2025. En Mendoza, en agosto pasado, el Círculo Médico provincial advertía sobre una suba del 20% en los juicios a partir de la resolución que limita prescripciones médicas por fuera de la cartilla. Los colectivos de pacientes están en estado de alerta e implementando acciones desde hace más de dos años.
