La Justicia ordenó frenar de manera inmediata las obras del proyecto “Puerto Multimodal Ramallo” tras una denuncia penal impulsada por una ONG y vecinos de Costa Pobre, que apunta a presuntas irregularidades ambientales y posibles responsabilidades de funcionarios municipales.
La organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), junto a vecinas y vecinos de Costa Pobre, denunció penalmente el avance del proyecto denominado “Puerto Multimodal Ramallo” y advirtió sobre graves responsabilidades del Municipio de Ramallo, del intendente Mauro Poletti y de concejales del bloque oficialista. La presentación judicial derivó en una medida cautelar de “no innovar” dictada por la Justicia, que ordenó la suspensión inmediata de todas las obras, desmontes y movimientos de suelo en la zona.
Según explicó el representante legal de la ONG, el abogado Fabián Maggi, la medida fue adoptada en el marco de una investigación penal impulsada por el Ministerio Público Fiscal, a partir de una serie de hechos que se consideran presuntamente delictivos. Entre ellos, se destacan intervenciones sin habilitación ambiental, movimientos de suelo en un área protegida y la destrucción del camino histórico de acceso al barrio Costa Pobre, incluida la continuidad de la calle Traverso.
“La cautelar no discute quién es el dueño de la tierra. No es un juicio civil. Es una investigación penal por la probable comisión de delitos”, subrayó Maggi. En ese sentido, remarcó que la Justicia no sanciona una cuestión dominial, sino el uso de la fuerza y la autotutela: “Nadie puede, por más escritura que tenga, meter máquinas y destruir un camino sin una orden judicial. La ley reprime ese tipo de conductas”.
La resolución judicial ordena el cese total de las actividades hasta tanto se presenten y aprueben todas las autorizaciones legales correspondientes, entre ellas la Declaración de Impacto Ambiental, tal como lo exigen la Ley Provincial N° 11.723, la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331 y su adhesión provincial. Además, se destaca que nunca se realizó la Audiencia Pública obligatoria, instancia clave de participación ciudadana previa a cualquier emprendimiento con impacto ambiental significativo.
Para UPVA, la ausencia de estudios ambientales válidos y de la Audiencia Pública constituye una irregularidad grave que refuerza la ilegalidad del proyecto. “Esto compromete directamente la responsabilidad del Municipio de Ramallo, que permitió —por acción u omisión— el avance de actividades sin cumplir los procedimientos ambientales obligatorios”, señaló el abogado.
Maggi fue aún más contundente al afirmar que la investigación penal no sólo alcanza a la empresa desarrolladora, sino también a funcionarios públicos. “Hay indicios de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de falsedad ideológica en instrumentos públicos. La Fiscalía y el Poder Judicial están analizando declaraciones y actuaciones del intendente y de al menos una concejala del bloque oficialista”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la afectación directa a los vecinos de Costa Pobre. La destrucción del camino de ingreso dejó a familias aisladas, con especial gravedad para personas mayores y con problemas de salud. “Se generó una situación de riesgo enorme: ambulancias y servicios de emergencia no pueden ingresar. Esto fue constatado personalmente por el fiscal”, detalló Maggi.
Desde la ONG esperan ahora una respuesta política inmediata. “El máximo responsable es el Estado municipal. Los empresarios impulsan sus proyectos, pero es el intendente quien debe poner los límites que marca la ley. Eso no ocurrió y el municipio, en lugar de controlar, se acopló a una conducta ilegal”, sostuvo el letrado.
UPVA reclamó que el intendente Poletti y los concejales oficialistas den explicaciones públicas y detallen qué medidas adoptarán para reparar el camino destruido y garantizar el acceso seguro al barrio. “Hoy ya no se trata de opiniones. Hay un dictamen del Ministerio PúblicoFiscal y una decisión del Poder Judicial. La discusión debe elevarse a ese nivel”, concluyóMaggi.
