La causa que mantiene frenado el proyecto de un puerto multipropósito en Costa Pobre podría entrar en una nueva etapa. La Justicia analiza la actuación del intendente Mauro Poletti y la concejala Marcela Isarra, denunciados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras un informe del Ministerio de Ambiente bonaerense podría aportar nuevos elementos a la investigación.
La causa judicial que mantiene frenado el proyecto de construcción de un puerto multipropósito en Costa Pobre podría ingresar en los próximos meses en una nueva etapa, con especial atención sobre la actuación del intendente Mauro Poletti y la concejala Marcela Isarra, ambos señalados en una denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El expediente se inició a partir de las denuncias de organizaciones ambientales y vecinos por las intervenciones realizadas en el sector costero y el avance de un proyecto impulsado por una empresa privada. En diciembre pasado, la Justicia dictó una medida cautelar de no innovar que ordenó detener las obras, desmontes y movimientos de suelo. En febrero, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás confirmó esa decisión.
Ahora, un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente bonaerense sobre el patrimonio natural y la biodiversidad de Costa Pobre podría aportar nuevos elementos a la investigación. De acuerdo con los representantes legales de las organizaciones que impulsaron la denuncia, el documento refuerza la necesidad de preservar el sector y podría tener incidencia en las próximas definiciones judiciales.
Pero el foco también está puesto en la actuación de los funcionarios municipales. La denuncia busca determinar si Poletti e Isarra tuvieron responsabilidades en el acompañamiento y promoción del proyecto, mientras se desarrollaban intervenciones en el lugar sin que, según los denunciantes, se hubieran completado los trámites y autorizaciones ambientales necesarios.
En el caso del intendente, la investigación apunta particularmente a su rol en el impulso institucional de la iniciativa y a la actuación del Municipio frente a los movimientos de suelo y desmontes realizados en el predio. La causa ya había puesto bajo análisis posibles responsabilidades municipales por acción u omisión.
Respecto de Isarra, el planteo judicial se concentra además en sus declaraciones públicas y su posición respecto del proyecto portuario, que según los denunciantes contribuyeron a presentar la llegada del emprendimiento como una posibilidad concreta para Ramallo.
De todos modos, la eventual responsabilidad penal de ambos deberá ser determinada por la Justicia. La investigación no alcanza necesariamente a todos los integrantes del Concejo Deliberante: existen concejales que se opusieron desde el comienzo al proyecto y promovieron alternativas para proteger Costa Pobre.
Mientras la cautelar mantiene paralizadas las obras, las próximas actuaciones podrían definir si la investigación avanza sobre la conducta de los funcionarios denunciados y si aparecen nuevos responsables dentro del entramado institucional vinculado al proyecto.
El caso suma así una nueva dimensión, ya no se discute solamente qué ocurrirá con el puerto, sino también qué responsabilidades podrían surgir por las decisiones y actuaciones que permitieron que el proyecto avanzara hasta llegar a la Justicia.
