Vecinos de Costa Pobre denuncian presiones y amenazas de desalojo por parte del empresario Carlos Bauzá, titular de Oramac Construcciones SA, que proyecta construir un puerto multimodal valuado en 500 millones de dólares.
En las últimas horas, una docena de familias recibieron cartas documento intimándolas a abandonar sus hogares en la zona de Costa Pobre. Las mismas fueron enviadas por el grupo empresarial Oramac Construcciones SA, cuyo titular es Carlos Bauzá, donde busca recuperar esas tierras para desarrollar un ambicioso Puerto Multimodal valuado en más de 500 millones de dólares.
Esta situación generó la preocupación de los vecinos, quienes comenzaron a movilizarse para pedir respuestas a las autoridades, ante las amenazas de la empresa que se fueron recrudeciendo en los últimos días. Si bien nunca obtuvieron respuesta por parte de los concejales del oficialismo, ni del propio intendente Mauro Poletti, de quien denuncian una actitud que muchos vecinos interpretan como complaciente frente a los intereses del empresario con quien mantiene una relación política y personal de vieja data.
Bauzá, en declaraciones recientes, aseguró que su intención es “invertir en Ramallo y ayudar a dar el salto de calidad que sus habitantes se merecen”. Sin embargo, el discurso de progreso choca con la realidad de quienes están por ser desalojados y con las serias preocupaciones ambientales que despierta el proyecto. La zona, rica en bosques nativos y humedales, constituye uno de los últimos espacios naturales ribereños del distrito, y su transformación en un polo industrial implicaría una pérdida irreversible para el ecosistema del Paraná.
Lejos de mostrar una actitud de mediación o defensa de los derechos ciudadanos, las autoridades municipales han optado por una pasividad que desconcierta. Mientras el grupo empresarial avanza con estudios de mensura e impacto ambiental, los vecinos y organizaciones ambientalistas se movilizan por su cuenta, intentando ser escuchados. Este jueves marcharan nuevamente al Concejo Deliberante, reclamando que se frene el avance del puerto y que se declare el área como Patrimonio Turístico, Ambiental y Paisajístico. “Queremos que se nos escuche, que se respeten nuestras casas y el río. No somos enemigos del progreso, pero sí de la prepotencia”, expresó una de las vecinas durante la protesta.
El contraste entre la velocidad con que avanza el proyecto y la lentitud del Estado para responder a las demandas vecinales deja al descubierto una preocupante asimetría: mientras Bauzá y su empresa cuentan con todo el respaldo político para consolidar su inversión, los habitantes de Costa Pobre apenas consiguen ser recibidos por los concejales.
