La Corte busca limitar la injerencia política en la selección de magistrados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación envió al Consejo de la Magistratura un proyecto de reforma del reglamento para la selección de jueces federales y nacionales, con el objetivo de acotar la discrecionalidad política en los concursos y fortalecer el peso de los criterios técnicos.
De acuerdo con lo que trascendió en ámbitos judiciales, la propuesta lleva las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que no cuenta con la del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. El texto ya fue girado formalmente al Plenario del Consejo de la Magistratura para su análisis y eventual aprobación.
El eje central de la iniciativa es trasladar el foco del proceso de selección hacia la calidad de los exámenes y la objetividad de los puntajes, reduciendo así el margen de negociación política en la conformación de las ternas de candidatos. La intención es que el rendimiento de los postulantes en las pruebas escritas y orales, junto con sus antecedentes profesionales, tengan un peso determinante en el resultado final de los concursos.
La reforma se impulsa en un contexto de reconfiguración interna del Consejo de la Magistratura, donde La Libertad Avanza comenzó a ganar protagonismo en la disputa por los espacios de poder. En ese escenario, el máximo tribunal apunta a fijar reglas más estrictas para evitar que la coyuntura política altere el curso de los procesos de selección de magistrados.
Claves del proyecto de reforma impulsado por la Corte
Si bien el texto completo del reglamento aún no se dio a conocer de forma oficial, la iniciativa se apoya en algunos principios rectores ya adelantados por fuentes judiciales. Entre ellos se destacan el refuerzo de la evaluación técnica, la estandarización de los criterios de corrección y la mayor transparencia en los concursos.
Más peso a los exámenes y menos margen a la negociación política
Según fuentes consultadas, uno de los objetivos es que la etapa de exámenes pase a ser el corazón del proceso de selección. Esto implica:
- Diseñar pruebas más rigurosas y específicas según la materia y la competencia del cargo vacante.
- Establecer pautas claras y previamente definidas para la asignación de puntajes.
- Garantizar que la corrección esté a cargo de tribunales examinadores con un perfil técnico y criterios homogéneos.
En paralelo, se buscaría limitar el margen de maniobra en la instancia final, cuando el Consejo arma la terna que debe elevar al Poder Ejecutivo para la designación del juez o jueza. La idea es que la política tenga menos espacio para inclinar la balanza en función de alianzas coyunturales.
El proyecto ya fue notificado a las cámaras nacionales y federales de todo el país, así como a las cortes supremas provinciales. De todos modos, para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo de la Magistratura deberá aprobarlo con mayorías agravadas en su Plenario, en un debate que promete tensiones entre los distintos bloques políticos.
Si la reforma prospera, marcará un nuevo capítulo en la larga discusión sobre cómo se eligen los jueces en la Argentina y hasta qué punto el sistema permite blindar a la Justicia de las oscilaciones del poder político de turno.
