Fernando Martínez está siendo investigado por presuntos vínculos espurios con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los detenidos en Ezeiza.
La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó en las últimas horas las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos en mal estado destinados a detenidos del penal de Ezeiza. La medida fue ordenada por el juez federal Federico Villena, quien sospecha que el organismo permitió una “cartelización” del servicio de comida mediante el uso de empresas pantalla para evadir sanciones previas.
Según información consignada por la Agencia Noticias Argentinas y ampliada por Infobae, el allanamiento se efectuó el viernes a las 11.30. Ese mismo día se definía la nueva licitación del servicio de alimentos en el penal, que volvió a quedar en manos de la firma Bio Limp, actualmente bajo sospecha judicial.
El episodio del celular extraviado
Durante el procedimiento, se produjo un momento de tensión cuando Martínez entregó un teléfono viejo en desuso y afirmó que había extraviado el dispositivo que utiliza habitualmente. Por orden del juez, se mapearon los últimos impactos de antena del aparato presuntamente perdido.
El informe técnico reveló que el teléfono registró actividad una hora antes del allanamiento, con conexión en la zona de Barracas, cerca del estadio de Huracán. Para la Justicia, el dato resulta significativo y abre la hipótesis de que el funcionario habría recibido un aviso previo y decidido ocultar o destruir el dispositivo.
Fuentes citadas por Infobae consideraron que el comportamiento fue “muy grave” y señalaron que incluso existieron elementos para detener al funcionario, aunque el juez prefirió continuar la investigación sin generar un conflicto institucional.
El trasfondo: comida contaminada y empresas vinculadas
La causa se originó a partir de denuncias por alimentos en mal estado en la Unidad Penal de Ezeiza. Peritajes de la ANMAT detectaron valores superiores a los permitidos de Escherichia coli, lo que determinó que la comida no era apta para consumo humano.
Tras prohibir que la empresa Foodrush siguiera operando, Villena advirtió que la nueva prestataria, Bio Limp —sin antecedentes en gastronomía— utilizaba los mismos camiones y personal, además de registrar facturación por montos millonarios hacia la firma sancionada. El magistrado reabrió entonces la investigación bajo la carátula de “Envenenamiento”.
Incluso, el propio juez probó alimentos durante una inspección y posteriormente sufrió un cuadro que describió como “vomitivo”.
Según reconstruyó Infobae, investigaciones posteriores detectaron facturas por alrededor de 150 millones de pesos entre ambas compañías y confirmaron que Bio Limp actuaba como presunta pantalla para que Foodrush continuara interviniendo en licitaciones.
Bajo sospecha, la responsabilidad del SPF
Villena sostiene que la continuidad del esquema no podría haberse sostenido sin conocimiento de las autoridades penitenciarias. Por ello ordenó allanamientos en oficinas administrativas del penal y del propio director del SPF.
Además, surgió otro dato que llamó la atención: Martínez se movilizaba en una camioneta secuestrada que figura a nombre de Enrique “Quique” Antequera, referente de la feria La Salada y actualmente prófugo de la Justicia.
La fiscal federal Cecilia Incardona pidió la nulidad de los procedimientos, al considerar que se realizaron en día inhábil y sin justificación suficiente para secuestrar el teléfono del funcionario. Sin embargo, Villena cuenta con respaldo institucional para avanzar.
Apoyo político y continuidad de la investigación
Fernando Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, designado por Patricia Bullrich. Con su llegada, el organismo pasó de la órbita de Justicia a depender del Ministerio de Seguridad.
El juez informó a la actual ministra, Alejandra Monteoliva, sobre el avance de la investigación. La funcionaria manifestó “excelente predisposición” para colaborar y apoyar las medidas orientadas —según definió el magistrado— a desarticular “mafias enquistadas hace muchos años” en el sistema penitenciario.
La pesquisa continúa abierta y se centra, ahora, en determinar el grado de responsabilidad del SPF en la presunta red de empresas que operaba detrás del servicio alimentario en el penal de Ezeiza, así como en esclarecer qué ocurrió con el teléfono del director del organismo.
