José Corral, integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por la UCR, solicitó en una nota dirigida al presidente del organismo, Claudio Ambrosini, que se dé de baja el programa de conectividad para el Servicio Penitenciario, y que mientras tanto se suspenda de manera inmediata su implementación y cualquier tipo de erogación en ese sentido. A través de la nota –que firma junto a su par Silvana Giudici, representante del Pro en el Enacom–, el exintendente santafesino recordó que ya en el momento de creación del programa habían fundamentado los motivos de su oposición y expresado su voto en contra de la iniciativa.
“Cuando se presentó nos opusimos rotundamente. Advertíamos que había falta de controles del Servicio Penitenciario y que especialmente en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe –lo dijimos con claridad– se dirigían verdaderas organizaciones criminales desde las cárceles”, enfatizó.
En ese sentido, recordó que “el programa preveía, además, que esta conectividad facilitaría el vínculo de los internos con familiares y allegados, textuales palabras del proyecto”. Y fue allí cuando José Corral apuntó que “no nos sorprendió esta iniciativa porque su impulsora, María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Sistema Penitenciario Argentino, ya había argumentado la necesidad de excarcelación masiva de presos durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires y que fue frenada luego de una masiva expresión popular en contra”.
Para el dirigente santafesino, “la situación de inseguridad es crítica, especialmente en territorio santafesino y muy grave en Rosario. Todos tenemos que hacer nuestro aporte, y con Silvana reiteramos nuestra oposición porque no puede ser que el propio Estado colabore brindando herramientas para generar más inseguridad desde adentro de las cárceles”, remarcó.
Al respecto, José Corral marcó que la logística criminal de planificación, ejecución y la dirección de hechos criminales se realiza desde la cárcel. “Las estadísticas que surgen del Ministerio Público de Santa Fe respecto a los hechos delictivos en Rosario son contundentes. La Unidad Fiscal Especial estableció que el 80% de las balaceras se ordenan desde las cárceles y que el 95% de los casos son originados por personas que están bajo la custodia de los Servicios Penitenciarios”.