El Gobierno surcoreano impulsa una reforma para incluir criptomonedas y otros activos digitales dentro del patrimonio estatal. La iniciativa también contempla una nueva legislación sobre blockchain y stablecoins.
Corea del Sur avanza en una reforma que permitirá incorporar criptomonedas y otros activos digitales al patrimonio del Estado, con el objetivo de modernizar el sistema de administración de los bienes públicos. La iniciativa busca reemplazar un marco legal vigente desde 1950 por una normativa adaptada a la economía digital.
El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto durante una sesión informativa de políticas realizada el 15 de julio en la Casa Azul del Presidente. La propuesta forma parte de una agenda más amplia vinculada al desarrollo de los activos digitales, la tecnología blockchain y la modernización de la administración pública.
La reforma plantea redefinir la forma en que el Estado administra y desarrolla su patrimonio, con un enfoque orientado a generar valor, en lugar de limitarse a la conservación o venta de bienes.
Como parte de la iniciativa, el Ministerio anunció la creación de la Ley básica de activos nacionales, que reemplazaría el enfoque de la actual Ley de propiedad del Estado, promulgada en 1950.
El nuevo marco legal ampliaría las categorías patrimoniales para incorporar activos virtuales y propiedad intelectual. De esta manera, el proyecto reconoce que el valor económico del Estado puede representarse tanto en bienes físicos como en derechos, tecnologías y activos digitales.
Blockchain y stablecoins, dentro de la estrategia oficial
La reforma se complementa con el desarrollo de una Ley básica de activos digitales, destinada a regular la industria, establecer estándares de conducta empresarial y crear un marco legal para las stablecoins respaldadas en won.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que la tecnología blockchain continuará formando parte de la estrategia de crecimiento para el segundo semestre de 2026, aunque la inteligencia artificial concentrará una mayor proporción de la inversión pública.
Las autoridades también prevén establecer las bases legales para las transacciones transfronterizas con stablecoins, con reglas sobre respaldo, liquidación, cumplimiento normativo y protección de los usuarios.
