Balance 2025 y proyecciones de los juicios por jurados en Córdoba
NewsITe
Durante 2025, la provincia de Córdoba consolidó el sistema de juicios por jurados con un total de 73 debates penales con participación ciudadana. Para 2026, el Tribunal Superior de Justicia ya tiene programados 115 procesos bajo esta modalidad, lo que marca una fuerte apuesta institucional por ampliar la intervención directa de la comunidad en la administración de justicia penal.
De acuerdo con datos de la Oficina de Jurados Populares, que depende del Tribunal Superior de Justicia, 43 de los juicios realizados en 2025 tuvieron lugar en las cámaras del crimen de la ciudad de Córdoba, mientras que los otros 30 se desarrollaron en sedes judiciales del interior provincial. En total, se llevaron adelante 363 audiencias, con la participación efectiva de unas 930 personas como jurados populares.
En la Primera Circunscripción Judicial —que abarca principalmente la capital provincial— se concretaron 43 debates con jurados. De ellos, 38 finalizaron con veredictos condenatorios y cinco con absoluciones. La mayoría de las causas estuvieron vinculadas a delitos graves: se juzgaron 24 homicidios y tentativas de homicidio, ocho expedientes del Fuero Anticorrupción, siete casos de violencia de género y cuatro abusos sexuales.
En el interior de la provincia también se reflejó una actividad sostenida. De los 30 juicios por jurados desarrollados en distintas circunscripciones, se dictaron 23 condenas y siete absoluciones. Entre los hechos analizados hubo 16 homicidios consumados o en grado de tentativa, seis causas por violencia de género, cinco vinculadas al Fuero Anticorrupción y tres por abusos sexuales.
Las autoridades judiciales destacaron que, si bien para 2026 hay 115 juicios ya fijados con intervención de jurados populares, algunos de esos procesos podrían reconvertirse en juicios abreviados. En esos casos se prescinde de la participación ciudadana, generalmente cuando hay acuerdos entre las partes respecto de la calificación legal y la pena.
Cómo se eligen e integran los jurados populares
La selección de jurados populares en Córdoba se realiza sobre la base de un padrón anual confeccionado por sorteo. Ese listado incluye a ciudadanos de entre 25 y 65 años, residentes en la provincia, que cumplen determinadas condiciones fijadas por la legislación vigente. Actualmente, el padrón está compuesto por 2.720 personas aptas para integrar tribunales en las distintas sedes judiciales cordobesas.
Requisitos para ser jurado popular
- Haber completado la educación básica obligatoria.
- Ejercer plenamente la ciudadanía y contar con el pleno goce de los derechos civiles y políticos.
- Poseer aptitud física y psíquica suficiente para desempeñar la función.
- Acreditar residencia permanente en el territorio provincial no inferior a cinco años.
La Ley 9182 establece que los tribunales se conforman con jurados populares para juzgar determinados delitos considerados de especial gravedad o relevancia social. Entre ellos se encuentran hechos del fuero penal económico y anticorrupción, homicidios agravados y delitos contra la integridad sexual seguidos de muerte.
Delitos que deben ser juzgados por jurados
- Ilícitos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción.
- Homicidios agravados en sus distintas formas.
- Delitos contra la integridad sexual seguidos de muerte.
- Homicidio con motivo u ocasión de tortura.
- Homicidio en ocasión de robo.
- Homicidio criminis causae, es decir, cometido para facilitar u ocultar otro delito.
- Femicidios y otros homicidios vinculados a la violencia de género.
Con más de 70 juicios realizados en 2025 y más de un centenar ya agendados para 2026, Córdoba se perfila como una de las provincias con mayor desarrollo del sistema de jurados populares en el país.
Desde el Poder Judicial cordobés sostienen que este mecanismo fortalece la transparencia y la legitimidad de las decisiones penales, al involucrar de manera directa a la ciudadanía en el juzgamiento de delitos graves. El incremento de juicios programados para 2026 refuerza esa tendencia y anticipa un mayor protagonismo social en la definición de responsabilidades penales en la provincia.
